Buscan contener a esos niños, niñas y adolescentes por parte de equipos interdisciplinarios, para que reciban asesoramiento y se resguarden sus intereses. Los menores no podrán permanecer más de 24 horas en dichos centros. La propuesta, efectuada por el presidente Carlos Rovira, recibió el acompañamiento de sus pares. La Cámara de Representantes de Misiones la convirtió en ley provincial, en su sesión semanal.

Los “centros modelos de asistencia y seguimiento” de niños, niñas y adolescentes funcionarán como única instancia, de carácter obligatorio y previo al ingreso del menor de edad al sistema penal provincial.

Estarán destinados a menores de edad aprehendidos por la presunta comisión o participación de un delito en el territorio provincial, que se encuentren en conflicto con la ley penal, a quienes tendrá que admitir, coordinar, evaluar, contener y derivar con celeridad.

Los principios que rigen esta iniciativa son el interés superior del menor de edad; su bienestar y reinserción a la sociedad; la adecuación del trato y contacto dentro del sistema de menores a las normas, principios, derechos y garantías conforme a tratados y convenciones internacionales ratificados por nuestro país; y la erradicación de todo tipo de tortura, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

Las funciones de los centros serán contener la situación emocional y socio ambiental del menor de edad; asistirlo de manera integral, durante su ingreso, permanencia y egreso; y localizar de manera inmediata a su grupo familiar; entre otras.

Estarán integrados por representantes del Poder Judicial; de los ministerios de Salud Pública, Derechos Humanos y Gobierno; de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes; de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura; y por profesionales que acreditan idoneidad en la materia.

La ley prohíbe, en el ámbito provincial, el alojamiento de un menor de edad en cualquier centro de privación de la libertad sin que previamente haya intervenido un centro modelo de asistencia y seguimiento; el alojamiento de un menor en comisarías, destacamentos policiales o centros de cualquier tipo destinado a mayores de edad; la utilización de esposas o cualquier elemento que lo reemplace durante la detención, traslado o alojamiento; y la aplicación de castigos, malos tratos o vejámenes.

Rovira explicó que la norma busca garantizar el derecho que tienen los niños en conflicto con la ley, de recibir un trato que fomente su sentido de dignidad y de valor, que tenga en cuenta su edad, y que aspire a su reintegración en la sociedad. Además de la separación de los niños y adultos en los contextos de encierro.

“Los centros modelos de asistencia y seguimiento de menores en conflicto con la ley penal, buscan complementar el proceso penal, buscando contener a los menores, a través de equipos interdisciplinarios que tendrán por finalidad evaluar, contener y asesorar, buscando la celeridad y velar por el interés de los menores”, argumentó el presidente de la Cámara.