En un ranking de 30 países, el sistema jubilatorio argentino se encuentra en la última posición considerando aspectos como la cobertura y sustentabilidad. Así lo señala un estudio elaborado por Roberto Salomón de la consultora Econométrica.

Los datos resultan de una publicación del Australian Centre for Financial Studies del Escuela de Negocios Monash, en el que se presenta el "2017 Melbourne Mercer Global Pension Index" (Índice) que analiza y compara los sistemas de pensión una treintena de naciones entre los que se encuentra la Argentina.

El tema previsional es clave para las finanzas nacionales: cerca del 70% del Presupuesto Nacional corresponde a partidas sociales y de éstas, los gastos en jubilaciones y pensiones se llevan la mayor parte.

Más aún, en la última carta de intención elevada por el país al Fondo Monetario Internacional se señala al sistema jubilatorio entre los temas a reformar en el futuro. No obstante, recientemente el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica señaló que "no está en los planes del Gobierno tratar una reforma previsional el año que viene". Esta afirmación no resultó sorprendente para los analistas, ya que difícilmente se pueda encarar la discusión de este tema sensible en vísperas de las elecciones nacionales.

En el índice global de pensiones, el régimen argentino tiene un puntaje de 38,8 y, como se señaló, ocupa el último lugar entre los 30 países incluidos en el estudio, por debajo de India, México, Corea, Brasil, Perú y Colombia. El primer lugar corresponde a Dinamarca seguida por Holanda.

Para elaborar este indicador se toman en cuenta tres criterios que se refieren a la cobertura, la sustentabilidad y la integridad.

En lo concerniente a la cobertura, el índice considera los beneficios que cada sistema proporciona a los pobres así como la distribución del ingreso. También incluye el nivel de ahorro familiar y el de propiedad de la vivienda, señalando que ambos factores constituyen una fuente importante de seguridad financiera además del sistema de jubilaciones.

Una importante consideración de este criterio es el porcentaje de la jubilación mínima en relación con el salario promedio, así como el mecanismo de ajuste a través del tiempo. En este sentido, el puntaje de Argentina es el quinto más bajo, superando solo a Singapur, México, India, y Malasia.

La sustentabilidad se evalúa con factores como la importancia económica y nivel de financiamiento del sistema privado, la longitud actual como futura del periodo de retiro, la proporción de personas de edad avanzada en la fuerza de trabajo, el nivel de deuda pública y la tasa de crecimiento económico. En esta materia, Argentina está entre los tres peores calificados, superando únicamente a Italia y Austria.

Por último, en lo relativo a la integridad, se pone el énfasis en los planes privados, afirmando que la existencia de planes exitosos y bien manejados del sector privado, es un componente esencial de un sistema bien administrado que goza de la confianza de la comunidad en el tiempo. En opinión de los autores, el monopolio estatal no produce resultados deseables o sostenibles a largo plazo. La Argentina ocupa el penúltimo lugar superando sólo a México.

El estudio sugiere un conjunto de reformas para mejorar el resultado a largo plazo de los sistemas. Estas reformas incluyen:

• Incrementar la edad de retiro en los sistemas estatales para reflejar el aumento en las expectativas de supervivencia;

• Promover mayor participación de personas de mayor edad en la fuerza de trabajo;

• Alentar o requerir mayores niveles de ahorro privado, tanto dentro como fuera del sistema jubilatorio;

• Revisar el mecanismo y frecuencia de indexación del sistema público para asegurar el mantenimiento del valor real de las prestaciones, en equilibro con la sustentabilidad.

Críticas

El estudio de Econométrica critica la propuesta de extender la edad de retiro ya que "significaría una forzada transferencia inter-generacional, privando a los actuales trabajadores activos de beneficios ganados con holgura, a favor de la actual clase pasiva".

El economista, Roberto Salomón pone como ejemplo que si una persona se retira a los 69 años, esto significa que "aporta desde los 20, es decir 49 años, dispone de 16 para disfrutar de los beneficios si vive hasta los 85, o 21 si llega a los 90. Y ese disfrute ocurre cuando su salud y energía están en disminución".

Según el analista, "un trabajador genera en 45 años de vida activa (20 a 65) fondos suficientes que si fueran invertidos al 1% de rendimiento real anual alcanzarían para pagar un beneficio igual al 82% de su salario en actividad hasta alcanzar los 85 años de edad". Y agrega que "aun extendiendo su supervivencia hasta los 90, habría los fondos alcanzarían para solventar un beneficio igual al 67% de salario".

"A esos resultados financieros hay que agregar el serio problema de empleo que enfrentaría una persona al necesitar trabajar en el ocaso de su vida, agudizado por la cambiante tecnología de la época", sostiene Salomón.