Comenzó en la Cámara de Diputados el proceso de debate en torno al proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil, y que entre otros puntos plantea reducir la edad de imputabilidad a 15 años.
La primera audiencia se desarrolló en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y Presupuesto, donde además de funcionarios del Gobierno asistieron abogados, magistrados y expertos en la materia.
El jefe de Gabinete de Justicia, Martín Casares, abrió su discurso señalando que la iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a "suplir una deuda histórica, porque actualmente continuamos con un régimen de la minoridad que posee 39 años".
Resaltó que el equipo de la cartera que lidera Germán Garavano viene trabajando en el texto "desde hace tres años", con aportes de proyectos presentados en Diputados y de la media sanción del Senado aprobada en 2009.
"Lo que les estamos presentando es un sistema completo, que obviamente puede ser mejorado, ustedes lo pueden modificar", aclaró.
Luego, Casares admitió que el tema de la edad de imputabilidad se convertirá en el eje de la polémica, pero hizo hincapié en que "el desafío es que no se caiga el proyecto". A su turno, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, destacó que la iniciativa contempla que los menores no puedan "ser detenidos en comisarías" y, por otra parte, que "ningún delito con una pena menor de 10 años pueda permitir el encarcelamiento de un menor".
Además, indicó que la norma propuesta fija que "el personal en los centros de encierro deban ser civiles". En el comienzo del debate, representantes de distintas bancadas como el bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y Evolución se manifestaron en contra de la propuesta para bajar la edad de imputabilidad.
Para fundamentar su postura contraria, el entrerriano Juan José Bahillo (Justicialista) remarcó que el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño a Argentina recomienda "no bajar la edad de punibilidad y no aumentar las penas para personas menores de edad".
Más allá de la baja en la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años, la reforma del Poder Ejecutivo propone un máximo de cárcel de 15 años y prohíbe "la imposición de reclusión y de prisión perpetua" para los jóvenes de entre 15 y 18 años.
Pese a esto, la iniciativa aclara que la prisión efectiva será "el último recurso" y "por el plazo más breve posible".
A su vez, el texto estipula que los adolescentes "no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas".
Además, se establece que la prisión preventiva para los adolescentes tenga un plazo máximo de un año.
