El Ejecutivo propuso que los nombrados en 2017 tributen sobre la diferencia entre el nuevo sueldo y el del 2016.
El Gobierno y los jueces están inmersos en una contienda con un final abierto, impredecible. El pago del impuesto a las Ganancias por parte de los magistrados, se ha vuelto una obsesión para la Casa Rosada en tiempos de recesión y cuando unos 750 mil trabajadores más pagan ese tributo desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia. Del otro lado, ha logrado reunir detrás de una misma “causa” a sectores judiciales pro oficialismo con los kirchneristas.
Si bien se creía que el tema estaba cerrado con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de voltear la medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), para que ningún integrante de la familia judicial pagara Ganancias si era ascendido a juez y solo lo hicieran aquéllos que recién ingresaban al Poder Judicial en 2017, no es así.
La Corte generó que la definición sobre la causa de fondo -la inconstitucionalidad de la Ley 27.346 sancionada en 2016, que establecía que los funcionarios del Poder Judicial no deben pagar Ganancias a menos que su nombramiento haya sido posterior a 2017- vuelva a estar en manos del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, quien debe dirimir la cuestión junto al Gobierno, de un lado, y a la Asociación de Magistrados -sus colegas- del otro.
Este miércoles, el ministro de Justicia, Germán Garavano, junto a funcionarios de la AFIP encabezó una reunión en la que recibieron a las tres listas (espacios) que componen la Asociación de Magistrados, la Bordó, la Celeste y Compromiso Judicial.
Allí, el Gobierno les planteó una propuesta que, considera, inmejorable. Que a aquellos funcionarios del Poder Judicial promovidos a jueces en 2017 – que deben pagar Ganancias- se les considere exento el monto que cobraban hasta fines de 2016. Y sólo aporten sobre la diferencia con el nuevo sueldo. Como la parte sobre la que no tributarán quedará congelada, en el Ejecutivo lo interpretan como un aumento gradual del impuesto a las Ganancias para esa porción de funcionarios del Poder Judicial.
Sin embargo, la propuesta también incluye la reglamentación que aquellos que se desempeñaban como jueces antes del 2017 y ese año fueron promovidos a magistrados en otra instancia, no paguen impuesto a las Ganancias.
“Ahora la pelota está del lado de ellos. Quedaron en responder los próximos días. Pero no tienen mucho tiempo porque el 20 de diciembre empieza a regir la norma y se les retendrá Ganancias a todos los que hayan ingresado a partir de 2017”, señaló una fuente del oficialismo.
En modo electoral, el Gobierno observa que muchas de las peleas que está dando, hay kirchneristas en el bando de enfrente. Pero asumen que la estrategia de polarización conlleva un alto riesgo. En este caso, el de dar una pelea por un escaso redito económico, que es más bien simbólico, pero uniendo a los jueces en contra de la Casa Rosada.
A modo de dato, entre 2017 y 2018, años de vigencia de esta norma tributaria, el Gobierno nacional nombró 119 jueces que deberían pagar Ganancias. Esto equivale al 12% de los jueces federales y nacionales, según datos oficiales del Consejo de la Magistratura. Ese número, esta claro, crecería a medida que se sumen más nombramientos.
Según el sitio Chequeado, en base a datos oficiales, un juez de primera instancia, con 30 años de antigüedad, y nombrado antes de 2017, cobra unos $200 mil netos (con los descuentos), y no le corresponde el pago de Ganancias. Pero un secretario de Juzgado con 30 años de antigüedad, que ascendió a juez de primera instancia después de 2017, pagaría Ganancias y le descontarían $70 mil, quedándole en mano un sueldo de $130 mil.
Si ese caso fuera el modelo y se multiplicara por los 119 jueces -aproximadamente- que ingresaron en el periodo 2017-2018, el total del aporte por Ganancias de esos magistrados no superaría los $9 millones. Una cifra muy exigua para la dimensión de la cconfrontación.
Si en cambio, todos los jueces, fiscales, defensores y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, tributaran, el Estado recaudaría $9.900 millones más que ahora, de acuerdo con el Presupuesto 2019. Esta ley además, señala que a lo largo de 2018 lo que pierde el Estado son $7.300 millones. Una cifra menor para el erario, pero simbólicamente importante para la sociedad.
Fuente: Clarín.
