Señaló que si bien esta modalidad de contratación no es la óptima en cuanto a calidad (en ciertos casos, suele encubrir relaciones de dependencia precarizadas), “su deterioro enciende luces de alerta en materia de indicadores sociales, ya que involucra a los trabajadores provenientes de los sectores más postergados dentro de este universo”.

Al mismo tiempo, indicó que los empleados públicos se mantuvieron prácticamente inalterados (-0,2% i.a.) en 2018, lo cual da cuenta de las dificultades que encontró el Gobierno a la hora de reducir la cantidad de trabajadores en un contexto recesivo.

En tanto, sostuvo que a nivel sectorial también se observaron cambios de composición. “Pese a la sequía, el empleo registrado avanzó casi 2% i.a. en el sector primario (agropecuario, pesca y minería). En contraposición, la destrucción de empleo formal superó el 5% i.a. en el sector industrial, marcando la mayor caída para una rama de actividad”, detalló el estudio.

Y agregó que esta dinámica negativa estuvo motivada por el desplome de la demanda interna (principal foco de ventas del sector) en un contexto de costos crecientes. “Esto no fue un hecho aislado ya que este sector redujo sucesivamente su dotación de personal en los tres años de gestión de Cambiemos, por lo que acumula una contracción cercana al 10% desde 2015; nuevamente, la mayor al comparar entre las distintas ramas de actividad”, analizó la consultora.

Como resultado, el sector manufacturero dejó de ser el principal empleador formal de la economía argentina (pasó de contener a un quinto del total de los trabajadores registrados del sector privado a 18,4%) quedando levemente por detrás de comercio.

En otro orden, el estudio hizo alusión al poder de compra del salario y destacó que tampoco mostró una dinámica favorable (el ajuste no se hizo solo por cantidades sino también por precios).

“Durante el año pasado, el salario real registrado cayó 6,2% i.a. en promedio (-5,8% i.a. para los trabajadores del sector privado y -7% i.a. para los del sector público). De este modo, marcó la mayor merma desde 2002, retornando a niveles no vistos desde 2004-05”, analizó.

Y añadió que al igual que en el caso del empleo registrado, y de la economía en general, el deterioro se aceleró a medida que avanzaban los meses (el último cuatrimestre del año promedió una baja mayor a 12% i.a., mientras que en el período enero-agosto la contracción promedió solo 2,3% i.a.).

“Esta dinámica obedeció a la aceleración de la inflación, en un contexto de negociaciones colectivas cerradas (las reaperturas observadas no se hicieron extensivas a todos los sectores e implicaron recuperaciones solo parciales del nivel de compra). Por otro lado, el temor a un posible despido o suspensión, como las que tuvieron lugar en ciertas ramas puntuales, desincentivaron los reclamos salariales: se optó por preservar la fuente de trabajo y postergar la actualización de los ingresos”, concluyó.