A una semana de que la Justicia diera lugar a la Medida Cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo, se llevó a cabo este miércoles la Audiencia en el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 7. Donde participaron representantes del EPRAC, SAMSA, EMSA e IMAS, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo, la Ministra de DDHH Lilia “Tiki” Marchesini y el diputado Roque Gervasoni.
La Jueza a cargo, Dra. Viviana Gamberale, escuchó a cada parte y dejó en claro que se debe tomar el tema seriamente.”Se debe resolver de manera concreta la situación de las familias que están sufriendo”, añadió. A continuación, ordenó la conformación de un registro en donde figurarán casos puntuales de usuarios del servicio (conectados legalmente) que presenten alguna situación de riesgo o tengan un alto grado de vulnerabilidad: sin tanque, con familiares discapacitados, abuelos, etc. Los mismos serán presentados a SAMSA para urgente respuesta e informado a la Justicia para que ésta controle el cumplimiento de la empresa en la resolución del problema.
Asimismo, decretó la realización de un informe socioambiental, a fin de conocer la situación de cada familia afectada por el Acueducto de Villa Lanús y poder evaluar un Plan de Contingencia acorde a las necesidades de cada sector. A partir de la consolidación de estas dos medidas, las instituciones se volverán a reunir en instancia conciliatoria en el mes de marzo para avanzar en la causa.
“Se trata de un escenario complejo, con diversas aristas: económicas, políticas, sociales. Nuestra prioridad es el vecino que no tiene agua y apuntamos a que esto se modifique”, concluyó Penayo.