La Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, mediante el cual el Gobierno nacional había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, la facultad de tramitar y otorgar la ciudadanía argentina.
En un fallo de fuerte impacto institucional, el tribunal concluyó que el Poder Ejecutivo avanzó sobre atribuciones reservadas al Congreso y que el decreto resulta "absolutamente nulo" por vulnerar expresas disposiciones de la Constitución Nacional.
Los argumentos del fallo
La resolución sostiene que el DNU regula una materia estrechamente vinculada con los derechos políticos, ya que la adquisición de la ciudadanía habilita, entre otras cuestiones, el ejercicio del derecho al voto.
En ese sentido, los jueces recordaron que el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia sobre materia electoral, bajo pena de "nulidad absoluta e insanable".
Además, la Cámara rechazó el argumento del Gobierno sobre la necesidad de adoptar la medida por decreto y sostuvo que no existían circunstancias excepcionales que impidieran el tratamiento del tema por parte del Congreso de la Nación, tal como establece el procedimiento legislativo ordinario.
Los magistrados remarcaron que corresponde a los tribunales resguardar la jerarquía normativa y garantizar el respeto de la Constitución, evitando que un decreto modifique competencias fijadas por ley sin cumplir los requisitos constitucionales.
La ciudadanía vuelve a ser competencia judicial
Como consecuencia del fallo, la Cámara revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado el pedido de ciudadanía de un solicitante aplicando las disposiciones del DNU ahora declarado inválido.
Asimismo, dispuso notificar al Ministerio de Seguridad para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a dejar sin efecto la aplicación del decreto.
La resolución también fue comunicada a los juzgados federales con competencia electoral de todo el país con el objetivo de unificar criterios. De esta manera, el trámite y otorgamiento de la ciudadanía argentina volverá a quedar exclusivamente bajo la órbita de la Justicia, tal como regía antes de la entrada en vigor del DNU.