La Cámara de Representantes prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 las ejecuciones de sentencias que tienen por objetivo el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, en casos en que se verifique una ocupación superior a ocho años, sobre predios urbanos y rurales, sean fiscales o privados. La decisión surgió a partir de diferentes proyectos presentados por los diputados Martín Sereno y Carlos Rovira.
En los fundamentos, Sereno consideró “imperioso que estos casos tengan el amparo de la ley para al menos no enfrentarse a la durísima realidad del desahucio de una familia, cuando la misma puede demostrar su ocupación pacífica e ininterrumpida por ocho años o más, como lo prevé la ley originalmente”.
Aseguró que la ley que evita los desalojos “ha sido una herramienta medianamente eficaz para evitar el desahucio de familias y brindar plazos para que el Estado, con sus diferentes actores, busquen soluciones y mediar en conflictos”.
Por su parte, Rovira afirmó que la extensión del plazo de la ley es fundamental “para proteger el derecho a la vivienda adecuada en toda la provincia y seguir invirtiendo en soluciones habitacionales para los misioneros”.
La diputada Anazul Centeno, como miembro informante dijo en el recinto de sesiones que el propósito de la presente medida es brindar mejores garantías y herramientas a las familias que, apremiadas por situaciones como la pérdida de su hogar, de su única vivienda, verían menoscabado un derecho constitucional.
Además, destacó que, “esta ley no es un instrumento aislado, incluye acciones de regularización de tierras, las cuales se continúan realizando en toda la provincia”.