La Justicia resolvió restituir a sus propietarios los perros pitbull que protagonizaron el ataque en el barrio Itaembé Miní en el que murió otro animal. La decisión se produjo luego de que se desestimara la causa iniciada por presunto maltrato animal, al considerar que los hechos investigados no encuadran en los delitos contemplados por la legislación vigente. El fiscal René Casals explicó los fundamentos de esa resolución durante una entrevista con una radio local.
El funcionario judicial señaló que la investigación se originó a partir de una denuncia por supuesto maltrato animal. Sin embargo, tras analizar el caso, la Fiscalía concluyó que la Ley 14.346 sanciona actos de crueldad cometidos por personas contra animales y no contempla específicamente situaciones de agresión entre perros. “El tipo penal regula los actos crueles efectuados por personas”, explicó Casals al referirse al alcance de la norma.
En ese contexto, sostuvo que la actuación de la Justicia penal debe ajustarse estrictamente a las conductas tipificadas como delito. Por ese motivo, emitió un dictamen favorable a la desestimación del expediente, criterio que posteriormente fue compartido por el juez que intervino en la causa. De manera indirecta, el fiscal remarcó que el principio constitucional de legalidad impide avanzar con imputaciones cuando los hechos denunciados no se corresponden con una figura penal prevista por la ley.
Como parte de las medidas dispuestas durante la investigación, los animales fueron retirados de la vivienda y trasladados al Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMuSA), donde fueron sometidos a controles veterinarios. Los profesionales evaluaron su estado general de salud y descartaron indicadores de abandono, desnutrición severa, explotación o lesiones compatibles con situaciones de maltrato.
Los informes incorporados al expediente determinaron que los perros se encontraban en condiciones aceptables de cuidado y que no existían evidencias que permitieran sostener una acusación penal contra sus dueños. A partir de esas conclusiones técnicas, la Fiscalía entendió que no había elementos suficientes para continuar con la investigación bajo la figura denunciada originalmente.
Antes de concretar la devolución, las autoridades exigieron mejoras en las medidas de seguridad de la vivienda. Se realizaron nuevas constataciones para verificar el estado de cercos y rejas, ya que las condiciones existentes al momento del ataque habían permitido la salida de los animales. La documentación incorporada al expediente acreditó que se efectuaron las modificaciones requeridas para reforzar el resguardo y el control.
Casals advirtió que la resolución adoptada en este caso no libera a los propietarios de eventuales responsabilidades futuras. En ese sentido, recordó que existen antecedentes judiciales de condenas por lesiones e incluso homicidios culposos cuando se comprobó una falta de cuidado por parte de los dueños de animales peligrosos. “El daño lo hizo el perro, pero ellos, por omisión de cuidado, son responsables de lo que comete ese animal”, afirmó. Además, consideró positivo el avance de iniciativas legislativas destinadas a regular la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos y fortalecer los mecanismos de prevención.