Los diputados suspendieron hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias que tienen como objetivo ordenar el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda, y a producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifique una ocupación superior a ocho años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean fiscales o privados. La medida fue originada en proyectos presentados por los diputados Carlos Rovira y Martín Sereno.
En los fundamentos de su proyecto, Rovira, aseguró que “la trascendencia de la medida propuesta radica en continuar garantizando la preservación de la vivienda, tanto en áreas urbanas como rurales, frente a eventuales emergencias, incluyendo aquellas de índole económica que puedan afectar a los ciudadanos en su capacidad para mantener su hogar”.
En tanto, Sereno, consideró “imperioso que estos casos tengan el amparo de la ley para al menos no enfrentarse a la durísima realidad del desahucio de una familia, cuando la misma puede demostrar su ocupación pacífica e ininterrumpida por ocho años o más, como lo prevé la ley originalmente”.
En el Recinto, la legisladora Anazul Centeno contó que “desde el IPRODHA se articulan diversas herramientas para dar respuestas y soluciones, una de ellas es la relocalización de asentamientos, medida que viene presentándose desde el 2012 contando, hasta el día de hoy, con 1.499 viviendas entregadas a familias que provenían de la ocupación de propiedades privadas y estaban alcanzadas por los conflictos obvios que devienen de esta situación”.