El 41% de los hogares argentinos con niñas, niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos mensuales, mientras que la mitad mantiene deudas para afrontar sus necesidades. Así lo reveló un informe de Unicef Argentina, que registró un deterioro de la situación económica familiar durante el último año, con un aumento del uso de tarjetas de crédito y billeteras virtuales para comprar alimentos, pagar servicios y sostener otros consumos básicos.
De acuerdo con la décima Encuesta Rápida del organismo, alrededor de 2,7 millones de familias tienen ingresos insuficientes para llegar a fin de mes. El porcentaje creció diez puntos en un año, al pasar del 31% en 2025 al 41% en septiembre de 2026.
El relevamiento se realizó mediante entrevistas presenciales a 1.865 hogares de todo el país y representa a un universo de aproximadamente 6,5 millones de familias con menores de edad, en las que viven 27,3 millones de personas.
Las dificultades económicas también alcanzan a hogares con empleo registrado. Entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), el 57% aseguró que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos habituales. La proporción llegó al 47% en los hogares encabezados por mujeres y al 30% entre aquellos cuyo principal sostén cuenta con un trabajo formal.
En paralelo, el informe señaló que el 45,2% de los niños y adolescentes se encontraba bajo la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026, lo que equivale a más de 5,3 millones de menores de edad. El indicador aumentó cerca de tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior, después de tres períodos consecutivos de descenso.
La mitad de las familias tiene deudas y crece el uso del crédito
La insuficiencia de ingresos llevó a numerosos hogares a recurrir al endeudamiento para cubrir gastos cotidianos. Según Unicef, el 50% de las familias con hijos mantiene al menos una deuda, cuatro puntos porcentuales más que en 2025.
Entre los hogares endeudados, el 42% utilizó financiamiento para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios o gastos de vivienda y el 11% para cancelar deudas anteriores.
El relevamiento también mostró un fuerte crecimiento del uso de herramientas financieras. Las deudas con tarjetas de crédito pasaron del 16% al 32% de los hogares, mientras que el financiamiento mediante billeteras virtuales y plataformas digitales aumentó del 7% al 18%.
Las dificultades para cumplir con las obligaciones también se reflejaron en el pago de servicios: el 44% de las familias dejó de abonar alguna prestación durante los últimos seis meses.
Frente a este escenario, seis de cada diez hogares comenzaron a elegir alimentos más económicos, el 45% incrementó sus horas de trabajo y el 40% recurrió a préstamos o nuevas deudas para sostener sus necesidades.
Los recortes también afectaron las actividades de los menores. El 39% de las familias redujo los gastos de recreación, mientras que el 29% suspendió actividades deportivas o culturales por motivos económicos.
Cuatro de cada diez hogares dejaron de comprar alimentos por falta de dinero
La alimentación aparece entre los aspectos más afectados por la pérdida de capacidad económica. El informe reveló que el 43% de las familias con niños y adolescentes dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, frente al 29% registrado en 2025. Esto representa un incremento de 14 puntos porcentuales en apenas un año.
Las restricciones también modificaron los hábitos alimentarios. En el 43% de los hogares, los adultos cambiaron su alimentación por razones económicas, mientras que en el 37% redujeron el tamaño de las porciones.
Entre los menores de edad, el 21% de los hogares registró cambios en la alimentación de los chicos y en el 12% se redujo la cantidad de comida destinada a ellos.
Uno de los indicadores más críticos corresponde a la omisión de comidas. Según Unicef, en el 29% de los hogares al menos una persona adulta tuvo que saltearse alguna comida, mientras que en el 9% ocurrió lo mismo con niñas, niños o adolescentes.
Este último porcentaje constituye el registro más alto desde que el organismo comenzó a medir la falta de comidas entre menores de edad, en un contexto de creciente endeudamiento y dificultades para garantizar la alimentación y otros gastos esenciales de las familias argentinas.



