El proyecto obtuvo dictamen favorable con apoyo del oficialismo y la oposición, y podría tratarse en el recinto el 19 de noviembre. La iniciativa busca mantener los beneficios de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, y convertirlos en un régimen permanente.
El Senado de la Nación avanzó con un amplio consenso político en el tratamiento de un proyecto de ley destinado a garantizar la continuidad de las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y representantes de fuerzas provinciales.
El oficialismo buscará convertirla en ley durante la sesión prevista para el 19 de noviembre, antes del vencimiento del régimen de emergencia establecido para el 31 de diciembre. El objetivo es evitar interrupciones en las prestaciones y establecer un marco legal permanente para el sistema.
El proyecto fue abordado en el ámbito de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, conserva gran parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio para darles continuidad más allá de la emergencia.
Acuerdo entre oficialismo y oposición para sostener los beneficios
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y consideró que el tratamiento de la iniciativa permitió avanzar hacia una respuesta legislativa compartida.
En ese sentido, sostuvo que “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”.
La legisladora remarcó especialmente la importancia de permitir que las personas con discapacidad puedan trabajar sin perder automáticamente su pensión, además de preservar los incentivos para empleadores, el régimen de empleo protegido y la cobertura sanitaria.
“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.
Desde el justicialismo, la senadora Juliana Di Tullio también confirmó el acompañamiento al dictamen y subrayó la necesidad de evitar un vacío normativo cuando finalice el régimen vigente.
"Vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga", expresó.
La legisladora agregó: "Vale la pena seguir peleando porque a las personas con discapacidad y a sus familias no se las lleva puestas nadie".
Sin embargo, el respaldo no fue unánime en todos los aspectos. La senadora cordobesa Alejandra Vigo cuestionó la falta de consultas a organismos y entidades vinculadas con la discapacidad, y anticipó que solicitará modificaciones.
"Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas", señaló.
Qué beneficios contempla la nueva ley de discapacidad
Uno de los puntos centrales es la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el empleo formal o la inscripción en el monotributo.
El proyecto establece que quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán mantener una pensión equivalente al 70% de la jubilación mínima, siempre que sus ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La propuesta también conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de sus aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de la inflación.
En materia sanitaria, garantiza la continuidad de la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para los beneficiarios de pensiones por discapacidad.
Además, incorpora una disposición presupuestaria que impide que los recursos asignados al área de discapacidad dentro del Ministerio de Salud sean inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Auditorías, financiamiento y pagos a prestadores
El texto contempla la implementación de auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Estos controles deberán desarrollarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos sin afectar las garantías de los beneficiarios.
Otro de los aspectos incorporados, a pedido de los bloques aliados, es una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios.
Asimismo, fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley, una vez sancionada.
La aprobación de la iniciativa representa un punto central en las negociaciones entre el Gobierno nacional y los bloques parlamentarios, que reclaman una solución para sostener las prestaciones después del vencimiento de la emergencia.
De obtener la sanción definitiva, el nuevo régimen reemplazaría el esquema temporal por una legislación permanente y de orden público, destinada a garantizar la continuidad de las pensiones, la cobertura médica y los servicios para las personas con discapacidad.
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