El acuerdo de precios que está tejiendo el Gobierno con las cadenas comerciales de retail y las empresas de consumo masivo se sustenta en un “acto de fe”, según la mirada de los supermercadistas. Los empresarios de este sector consideran vital que la cotización del dólar se mantenga controlada a lo largo del acuerdo para que todo funcione bien. Voceros advirtieron que si el dólar tiene una nueva escapada lo primero que va a ocurrir es que haya faltantes de productos. Los supermercados se desligan de esa responsabilidad y temen que el público los termine por culpar. La mirada de las grandes cadenas de consumo masivo es que ellas no son formadoras de precios y que el abastecimiento corre por cuenta las industrias. De modo que están en el medio de una disputa.
El Gobierno aspira este miércoles a anunciar un nuevo acuerdo de Precios Cuidados que reemplace al actual que vence el próximo 6 de mayo. El anuncio lo va a hacer el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, y se conocerá 24 horas después de que el INDEC informe la inflación de marzo, que se ubicará cercana al 4%. Con ello el gobierno procura contrapesar el mal trago antes de que se inicie el feriado largo de la Semana Santa.
La idea es ampliar una lista de 566 productos y consolidar un núcleo de entre 40 y 60 bienes de consumo masivo, para que lleguen sin mayores cambios de precios hasta un eventual balotaje. Los supermercados consideran que ese plazo es bastante “excesivo” para sostener los precios. Advierten al gobierno que si el dólar vuelve a manifestar una corrección brusca durante ese plazo, lo más probable que ocurra es que las empresas fabricantes ajusten por cantidad, si no lo puede hacer por precio. En el medio quedarían las cadenas expuestas a las críticas del público.
El pasado 7 de marzo el Ministerio de la Producción aprobó nuevos modelos de contrato para Precios Cuidados, en su intención de mantener vigente el programa. Allí se determina que en caso de faltantes de productos las cadenas tienen un plazo de 72 horas para denunciarlo ante la Secretaría de Comercio Interior. Y se determina que habrá una especie de núcleo duro del acuerdo, que lo componen productos considerados de “primera necesidad”.
El artículo 1 del contrato dice expresamente que “la Empresa de Supermercados se compromete a vender al consumidor final, de forma constante e ininterrumpida” los productos que forman parte de la canasta acordada, teniendo en cuenta cuestiones de logística debido a las distancias en el interior.
Si bien la palabra “congelamiento” está excluida del vocabulario de los funcionarios del Ministerio de la Producción, el contrato de Precios Cuidados indica que el supermercado se compromete a vender los productos a “un precio final, único y constante acordado con la Secretaría, conforme las condiciones establecidas en el Convenio”.
El contrato admite que se pueden llevar a cabo “revisiones periódicas” pero no indica plazos, Se menciona que las revisiones se podrán llevar a cabo de manera “convenida en base a la evolución de las condiciones de producción, comercialización y distribución de los productos que lo componen”.
Se aclara que “las partes acuerdan que las revisiones aludidas tendrán en cuenta el impacto en la estructura de costos de la variación de los precios de venta de los proveedores, costos salariales de distribución y comercialización de los productos, valores de energía y combustible, cargas tributarias y tasas, y/o cualquier otro concepto que pudiere interferir en el precio final del producto”. Si bien la cotización del dólar no se menciona como causal se entiende que el tipo de cambio subyace en la estructura de costos de cualquier empresa, en mayor o menor medida.
Por otro lado, de acuerdo con el modelo de contrato de Precios Cuidados que está oficializado por el gobierno, los supermercados se comprometen a informar a la Secretaría de Comercio de manera inmediata en caso de que por necesidades de fuerza mayor tenga que racionar la oferta. Es decir, poner un tope a la cantidad de productos que puede llevar un consumidor. Eso podría ocurrir por un incremento de la demanda muy fuerte o que haya escasa oferta. El contrato reafirma la calidad de oferta “familiar” que tiene el Programa.
Por ello, las aspiraciones del Gobierno a que se mantengan los precios por seis meses y que no se produzcan faltantes es visto por los supermercados como de muy difícil cumplimiento. En la Jefatura de Gabinete piensan que un faltante de primera necesidad en medio de la campaña electoral puede afectar al desarrollo de la misma y hasta condicionar el resultado.
En tanto, el contrato indica que el supermercado no cumplió con el compromiso cuando:
- a) No se encuentren ofertados en una o más sucursales uno o más de los productos que forman parte del grupo de primer necesidad (núcleo duro) y no se encontrare ofertado un sustituto conforme los términos del mismo.
- b) No se encuentren ofertados, en una o más sucursales al menos el 80 % de los productos previstos que no forman parte del grupo de primera necesidad.
- c) No se encuentren correctamente identificados mediante el isologotipo y “Saliente de Góndola” en una o más sucursales, al menos el 80 % de los productos de la oferta
- d) Utilice el “isologotipo” o el “Saliente de Góndola” en la oferta de productos objeto de fiscalización, que no se encuentren incluidos en el acuerdo.
Las negociaciones seguirán con las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo durante las próximas 48 horas. Será empresa por empresa, sin participación de las cámaras sectoriales como la Coordinadora de industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
Durante el Gobierno anterior estas cámaras participaron más de una vez en negociaciones para contener los “aprietes” de los funcionarios de entonces.
También se prevé anunciar un relanzamiento del Programa Ahora 12, para las compras con tarjetas.