La pérdida de empleos registrados continúa reflejándose en las estadísticas de la seguridad social. Según datos oficiales, 145.004 trabajadores despedidos sin justa causa accedieron a la prestación por desempleo durante los primeros nueve meses de 2026, frente a los 112.056 contabilizados en igual período de 2025. La diferencia representa un aumento interanual del 29,4%, en un contexto de dificultades para distintas actividades económicas.
La industria encabezó la cantidad de nuevos beneficiarios, con 35.922 casos, seguida por el comercio, que registró 32.928, y la construcción, con 21.663. En conjunto, estos tres sectores concentraron más de 90 mil altas, lo que evidencia el impacto de la pérdida de puestos laborales en actividades vinculadas con la producción, el consumo y las obras. Los registros corresponden a empleados formales que reunieron los requisitos para acceder a la asistencia económica.
Al considerar las incorporaciones y las bajas por reinserción laboral o finalización de la cobertura, 127.613 personas cobraron el seguro por desempleo durante septiembre, con un haber promedio de $325.368. Un año antes, esa cifra se ubicaba en $274.324, por lo que el incremento nominal fue del 18,7%. Sin embargo, la actualización quedó por debajo de la inflación interanual del 33,4%, lo que implicó una reducción del poder adquisitivo de la prestación.
La distribución de beneficiarios mostró una mayor presencia masculina, con 86.288 varones frente a 41.325 mujeres. En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de receptores, con 54.936, seguida por Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.029. Los datos reflejan el alcance territorial del beneficio y su vinculación con la evolución del empleo registrado.
Desde el inicio de la administración de Javier Milei, las altas acumuladas alcanzaron las 473.186 prestaciones, distribuidas entre 174.335 durante 2024, otras 153.847 en 2025 y las 145.004 registradas hasta septiembre de este año. Como referencia, en 2023 se contabilizaron 108.942 incorporaciones y en 2022 fueron 86.268. El acumulado de la actual gestión comprende un período de dos años y nueve meses, por lo que no resulta directamente comparable con los registros de un solo ejercicio anual.
La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia que pierden su empleo por despido sin justa causa, finalización de contrato u otras circunstancias previstas por la normativa. Para acceder, generalmente se requieren al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la desvinculación. El beneficio puede extenderse hasta 12 meses, con seis adicionales para mayores de 45 años, y contempla pagos decrecientes, además de la continuidad de la obra social, las asignaciones familiares y el reconocimiento del período para la jubilación.