Es porque este cuerpo no obtiene respuestas por parte de la prestataria SAMSA, a la solicitud de cumplimiento de obligaciones propias de su servicio.
Eso surgió tras la reunión de ayer martes, tras el tratamiento que sus integrantes hicieron sobre “el derecho de los ciudadanos al acceso al agua potable”.
De ese encuentro participaron el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, como representante del organismo anfitrión, la ministro de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, el coordinador del Programa de e Regularización de Ocupación de Espacios Públicos y Provisión de Agua de la Municipalidad de Posadas, Jorge Atencio, el diputado renovador Roque Gervasoni; representantes de los movimientos sociales Barrios de Pie y CTD Anibal Verón, así como presidentes de las comisiones vecinales y referentes de los barrios Terrazas, Las Lomas, Aeroclub, Piedral, Pueblo Chico, Chacra 150 y Cocomarola Este.
“En el caso de Pueblo Chico, los vecinos desde hace un año que realizaron todas las presentaciones correspondientes ante los organismos pertinentes, logrando avanzar en los planos y la gestión de las obras, teniendo todo para poder acceder al derecho del agua potable, pero todo esto se vio truncado al llegar a la instancia en que SAMSA debe cumplir su parte”, recalcó Penayo.
En el acta acuerdo firmada al terminar el encuentro, las instituciones y sectores presentes remarcaron la grave situación que se vive en un vasto sector de Posadas. “Hace seis meses que existe un acueducto que nace en Villa Lanús y termina en Itaembé Guazú, pasando por todos los barrios intermedios, y la falta de mantenimiento del mismo por parte de SAMSA mantiene afectados desde fines del año pasado a más de 20 mil familias, con todas las complicaciones y consecuencias que ello implica”.
Sobre este caso, desde la Mesa manifestaron su indignación al resaltar que “estas familias, que representan en su conjunto a un gran porcentaje de la población de nuestra ciudad, tuvieron sin el líquido vital todo el verano, y esto por mera desidia de la empresa prestataria que pese a sus dichos, hasta el momento no hicieron nada para poner una solución definitiva a tan acuciante problemática”.
Desde las organizaciones sociales no descartaron la posibilidad de organizar movilizaciones y medidas de fuerza, dado que si bien el objetivo de la Mesa es lograr respuestas a través del diálogo y el consenso, desde estos sectores sostuvieron que “no tiene explicación la falta de compromiso absoluto de SAMSA con los vecinos, quienes ya agotaron todas las instancias de gestión, reclamo y presentaciones, incluso teniendo los recursos y los avales provinciales y municipales para que las obras se concreten, desde la empresa no brindan ningún tipo de respuesta, más que dilatar y seguir perjudicando a miles de familias”.
Por su parte, Penayo enfatizó en que “esta Mesa Interinstitucional seguirá trabajando con el objetivo de mediar y brindar respuestas a los problemas planteados”, pero aclaró que ante la desidia por parte de SAMSA “desde la Defensoría del Pueblo de Posadas y el Ministerio de Derechos Humanos, se conformó un equipo jurídico para revisar el contrato de concesión y analizar las posibles acciones a seguir, de manera tal que la empresa prestataria no pueda seguir eludiendo sus responsabilidades”.
Del mismo modo, se elevará a la Cámara de Representantes de la Provincia, el pedido de revisión del contrato de concesión.
Finalmente, los presentes destacaron la participación y predisposición de la Municipalidad de Posadas, porque desde un principio participó de la Mesa, realizando los aportes necesarios para crear las condiciones para que SAMSA avance con la parte de las obras en los casos necesarios, y el mantenimiento en otros, pero siempre todo con resultados infructuosos al llegar el momento de que la prestataria del servicio de agua potable tenga que cumplir su parte.
