La provincia lideró, en todo el país, el proceso de evaluación de las becas Compromiso Docente, con el 86 % de los postulantes que se presentaron a rendir para acceder a la beca. Además, el equipo de la Coordinación Provincial del Progresar fue destacado por lograr la carga de 7.652 en las últimas dos semanas y lograr un total de 39.774 postulantes.

Misiones mostró su posición de entendimiento de la evaluación como parte del proceso de aprender y enseñar. Es así que se postularon 1.200 alumnos, de los que 700 cumplían los requisitos para ingresar a “Compromiso Docente”.

A partir de allí, el equipo del Progresar junto a la Dirección de Educación Superior, coordinaron la organización del examen para que todos puedan acceder al beneficio donde la respuesta fue destacada con el 86 % del padrón presente. A nivel país, lo siguió Buenos Aires que tuvo un 65 % de los becados presentes en los exámenes.

Los exámenes se rindieron en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) de la Normal Mixta de Posadas, en el Braslavky de Aristóbulo del Valle y de la Normal 11 de Eldorado. A fines de mayo se conocerá quienes lo aprobaron e ingresarán al programa.

Por otro lado, se llevó el proceso de carga de datos, donde las altas automáticas alcanzaron los 7652, del nivel terciario no universitario 15403, de la UNAM 12946, de la Universidad Gastón Dachary 1298, de la Cuenca del Plata 2017, de la Universidad Católica de las Misiones 404; con lo que se llegó a 39.774 postulantes.

El periódico británico The Sunday Times analizó la actualidad de la economía en la Argentina y consideró que el país está "en primera línea de una posible crisis en los mercados emergentes".

En un artículo denominado "Las tasas de Argentina se disparan para defender el peso", el diario subrayó que "el Banco Central ha aumentado los retornos tres veces desde el 27,25 por ciento después de que el peso cayó a una sucesión de mínimos récord frente al dólar".

"En un intento por estabilizar los nervios del mercado, el gobierno también redujo su objetivo de déficit del 3,2 por ciento del PIB al 2,7 por ciento", puntualizó la publicación.

En ese sentido, advirtió que "la Argentina se encuentra ahora en primera línea de una posible crisis en los mercados emergentes, ya que las mayores tasas de interés estadounidenses y un dólar más fuerte provocan una fuga de capitales hacia las economías occidentales".

Además, al referirse a la meta oficial de inflación del 15 por ciento, aclaró que "los economistas han sugerido que se revise, ya que la inflación es ahora del 25 por ciento".

La semana pasada, la revista de negocios y finanzas Forbes publicó un artículo que sostiene que "es hora de irse de la Argentina y salir corriendo".

"La Argentina se veía bien para inversores y compradores de bonos de mercados emergentes a fines de 2017. Todos creían en el Gobierno de Mauricio Macri", señaló la nota publicada en la página web del medio.

De ese modo, evaluó: "Estaba volviendo, al mercado de capitales con los brazos abiertos. La recepción ahora se está enfriando. Si no, debería hacerlo, y lo hará pronto".

También, la devaluación del peso había llegado al Financial Times. Bajo el título "Argentina vuelve a subir las tasas de interés a medida que se desploma el peso" como primer noticia en su portal el periódico económico británico habla sobre la devaluación del peso y las medidas que toma el Banco Central que parecen no aminorar la corrida.

En la bajada destaca que la autoridad monetaria subió la tasa a 33.25% en solo seis días después del último aumento para contener el precio de la divisa extranjera.

AF.

A partir de este lunes se puede conocer asimismo el listado de los productos, 264 que se mantienen y 127 que se suman a la nueva etapa, en la dirección de internet www.precioscuidados.gob.ar.

Una nueva etapa del programa Precios Cuidados se inicia y se extenderá hasta el 6 de septiembre próximo, con un total de 391 productos de la canasta básica y una suba de 2,34% promedio, informó la Secretaría de Comercio.

El área que conduce Miguel Braun destacó que el 61% de los proveedores que participan del programa son pequeñas y medianas empresas.

Puntualizó también que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor participa del programa recibiendo consultas y fiscalizando su cumplimiento.

Nuevos informes del CEPA y del Centro Atenea advierten sobre la reconfiguración de la estructura del empleo –sin relación de dependencia, con menos derechos y bajos ingresos– y sobre los riesgos que implican los proyectos de reforma laboral.

Los proyectos de reforma laboral enviados por el Gobierno al Senado proponen bajar nuevamente varios escalones en el proceso de degradación del empleo y desprotección de los trabajadores. Así lo advierten dos análisis, elaborados por el Centro de Economía Política Argentina y el Centro Atenea, que repasan además la reconfiguración de la estructura del empleo en los últimos dos años. Estos estudios señalan que la figura de un Fondo de Cese Laboral facultará a los empleadores a desvincularse de su responsabilidad de pagar una indemnización por los despidos sin causa, abriendo a la vez una puerta a un modelo similar al de las AFJP. También cuestionan la propuesta de las “prácticas formativas” destinadas a los jóvenes, por constituir otra forma de trabajo precarizado.

El CEPA reseña que desde diciembre de 2015 a febrero de 2018 se crearon, según los datos oficiales, 345.449 nuevos empleos “registrados”. Sin embargo, el 85,3 por ciento de esos nuevos puestos correspondieron a monotributistas, empleados estatales y asalariados/as de casas particulares. En contraste, en los dos últimos años del gobierno kirchnerista sólo 8 de cada cien empleos creados eran de monotributistas; el sector privado generaba el 28 por ciento del empleo. Hoy son monotributistas 53,2 de cada cien nuevos empleados, mientras que el sector privado genera apenas el 14,7 por ciento de los nuevos trabajos. De esta manera, lo que se ve es un proceso de degradación interna del trabajo: la pérdida de puestos formales –que afecta marcadamente a la industria, el sector productivo con los salarios más altos–, va acompañado de la creación de empleos sin relación de dependencia, despojados de derechos y con ingresos bajos.

La precariedad del empleo monotributista puede medirse por los derechos de los que carece, marca el CEPA: un monotributista no tiene empleador, ni estabilidad laboral –emite facturas mensuales por la “venta” de sus servicios–, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo. Al no haber empleador, no existe quién haga aportes patronales, con lo que un crecimiento del monotributismo desfinancia a la Anses. En casi todos los casos, los monotributistas se jubilan con la mínima. Y quedan afuera de los sindicatos, sin representación para pelear por sus derechos.

“La habilitación de las llamadas ‘prácticas profesionales’ va en el mismo sentido. Tenemos el antecedente de las pasantías, que, habilitada como figura legal en los ‘90, fue algo muy nocivo porque abrió la puerta a que se contratara de cualquier manera a los jóvenes. Es la vía a la precarización más absoluta”, definió Hernán Letcher, titular del CEPA.

“Casualmente, en ellas se promovía como hoy una ‘asignación estimulo’ no remunerativa. Ahora se extiende de algún modo el contrato a prueba a un año, pero además sin aportes ni contribuciones. Es decir, mientras dura la práctica formativa el empleador puede terminar sin costo la relación laboral”.

En su informe, el Centro Atenea enfoca el proyecto que habilita la creación de un Fondo de Cese Laboral. “Esto refiere a la paulatina desaparición de las indemnizaciones por despido, lo que devela la intención de que el empleador tenga a su libre disposición y sin costo la fuerza de trabajo”, señala.

Para el Centro Atenea, este punto “es, tal vez, el mayor reclamo y anhelo del sector empresarial desde la creación de la Ley de Contrato de Trabajo (1974)”. “El Fondo faculta al empleador a desvincularse de su responsabilidad de abonar la indemnización y se deja al trabajador en una situación de vulnerabilidad respecto de su estabilidad laboral”.

“Por otro lado –continúa el análisis–, se establece la posibilidad de capitalizar estos fondos, creando nuevas entidades financieras, similares a las AFJP, manejadas por el Instituto Administrador del Fondo de Cese Laboral Sectorial. El proyecto habilita que el trabajador, una vez que se le notifica su despido, opte por cobrar de forma parcial y periódica, dejando a libre disposición del Instituto la capitalización de su saldo pendiente. Si bien se muestra como un beneficio para el trabajador, que podría tomar parte de esa ‘capitalización y ahorro’ al jubilarse o al renunciar, lo cierto es que en el caso de los despidos se transforma en el signo de mayor precariedad laboral que registra la normativa en nuestro país”.

Al pasar revista a los cambios en el cálculo de las indemnizaciones, el CEPA enumera que el proyecto excluye el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, los premios o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual normal y habitual. “Casualmente, hace sólo unos días atrás, el titular de Techint, Paolo Rocca, mencionó que ‘hay que darles a las empresas la posibilidad de crecer, pero también de reducirse cuando es necesario, porque si no estamos con una rigidez que perjudica’”, cita el informe. “La propuesta evidentemente se hace eco del reclamo.”

El análisis de Atenea concluye que estas modificaciones en la normativa relativa al trabajo “apuntan a precarizar el sistema de relaciones laborales argentino. En el plano legislativo, normativo y judicial se intenta ir degradando los derechos del trabajo, como derechos protectores que funcionan como ‘equilibrio’ de una relación que nace en la desigualdad entre el capital y el trabajo. El camino a la individualización de la relación laboral deteriora, hasta su desaparición, la poca capacidad de negociación del trabajador”.

P12.

La corrida del dólar y la aceleración inflacionaria generan incertidumbre entre los sindicatos que ya cerraron acuerdos bajo el lineamiento oficial del 15%. Gremialistas afines al Gobierno, ante un dilema: "hicieron los deberes" y no buscan conflictos, pero tampoco quieren perder poder adquisitivo.

El Gobierno enfrenta crecientes dificultades para sostener su pauta salarial.

La corrida cambiaria junto a los aumentos en las tarifas sumaron en las últimas horas nuevas presiones sobre las paritarias, y encendieron el alerta tanto en gremios como empresas, donde anticipan una batalla en los próximos meses por las cláusulas de revisión, el mecanismo ideado por las autoridades para esquivar ajustes automáticos por inflación.

Salvo algunas actividades, la mayoría cerró durante el primer trimestre subas anuales del 15% en hasta tres tramos, alineados con la meta oficial de inflación y sin los mecanismos de actualización utilizados el año pasado.

En lugar de la automática cláusula gatillo, los acuerdos de 2018 incluyeron un compromiso de renegociar aumentos en caso de que la inflación superase lo acordado, siguiendo el esquema delineado por el Ministerio de Trabajo.

"La meta de inflación es un objetivo que nos ponemos para adecuar las expectativas de la economía. Creemos que esas expectativas van a estar cerca, por eso hemos incorporado las posibilidades de revisión en muchas paritarias, eso expresa el cuidado que queremos por el poder adquisitivo, pero seguimos un sendero de baja de la inflación", dijo el jueves el ministro Jorge Triaca.

Dentro del "club del 15%", sin embargo, ya hay algunos sindicatos que empezaron a analizar el pedido de un aumento adicional del 7% para no perder capacidad de compra frente a los precios. El caso que "picó en punta" es el de los aceiteros de San Lorenzo, con sede en el principal polo cerealero del país, donde adelantaron en enero la paritaria prevista para marzo con una suba acorde a la meta oficial y una gratificación extraordinaria de $10.000.

El acuerdo, que fue uno de los primeros del año, contiene una cláusula para "revisar las diferencias" en septiembre. Pero ahora el sindicato liderado por Pablo Reguera elevó sus expectativas salariales, en medio de la tensión que se vive en Rosario por el impacto de la sequía en las cerealeras y la reconversión del sector a nivel global.

"En septiembre abrimos la negociación sin ninguna duda y vamos a pelear un 7% extra, todos están calculando un 22% para el año", dijo Reguera a este medio.

Por otra parte, todavía está pendiente la paritaria de camioneros, gastronómicos, metalúrgicos y maestros bonaerenses, que comprenden en total a más de un millón de trabajadores.

Con pedidos que oscilan entre el 18 y el 23%, el pelotón de gremios díscolos amenaza con perforar la pauta oficial en un escenario sacudido por las tarifas y el dólar, que en una semana subió un 8,4% y tocó el récord de $23,30.

Con una inflación del 6,7% en el primer trimestre, las consultoras privadas estiman una variación del 3% en abril, dato que el INDEC dará a conocer esta semana. Así, la suba acumulada llegaría al 10% y superaría entre julio y agosto la meta inflacionaria proyectada para todo el año, según coincidieron Marina Dal Pogetto, directora de Eco GO, y Eric Ritondale, economista jefe de Econviews, al ser consultados por iProfesional.

Pauta bajo presión

Mientras tanto, las empresas también empezaron a revisar sus números. La industria alimenticia se había comprometido a mantener sus valores en línea con la pauta del 15% en función de la evolución del dólar. Ahora, en medio de la corrida cambiaria, las cadenas de supermercados aprovecharon para aplicar retoques del 6% en las góndolas, luego de recibir las nuevas listas de precios de sus proveedores.

La puja por los precios no tardó en trasladarse a las paritarias. El convenio de la alimentación venció el 30 de abril pasado, por lo que recién ahora se negociará la pauta del 2018. Sin embargo, un sector del gremio ya le solicitó a Arcor una compensación por los incrementos en tarifas, impuestos y costos. Su intención es aplicar la cláusula de revisión pactada el año pasado, pero los empresarios se resisten.

"Esperamos que no haya necesidad de reabrir las paritarias por la suba de inflación", señaló el vicepresidente de UIA, Daniel Funes de Rioja.

En lo que va del año, el club del 15% sumó a los obreros de la construcción (Uocra), comercio, Luz y Fuerza, Obras Sanitarias, colectiveros, porteros, tintoreros y petroleros. Se trata en su mayoría de gremios aliados a la Casa Rosada que representan a más de dos millones de trabajadores y que pactaron revisar sus acuerdos en septiembre, octubre y enero, según el caso.

Pero en las últimas semanas, el porcentaje oficial empezó a tambalearcon las últimas negociaciones.

En los ferrocarriles, los cuatro gremios de la actividad firmaron una suba del 15% en dos tramos, pero por nueve meses hasta septiembre, cuando está contemplada una instancia de revisión.

La semana anterior, la Asociación Bancaria le había dado otro empujón a la política salarial del Gobierno, al acordar un incremento del 15%, pero con adicionales que según el propio sindicato elevaría el incremento por encima de esa cifra.

En vistas de la crisis cambiaria, el Gobierno redobló la apuesta y modificó la meta de déficit fiscal, anticipando un mayor ajuste de las cuentas, y ratificó las metas de inflación, mientras que el Banco Central elevó las tasas al récord del 40%. No obstante, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció que la suba del dólar "tiene un traslado a precios".

"Puede ser que en mayo tengamos un impacto más alto del que esperábamos", admitió.

Dilema para la dirigencia sindical

La trepada del dólar alentó un endurecimiento de la CGT, en donde la cúpula rechazó "el maldito tarifazo" y la reforma laboral, mientras que los gremios del transporte realizaron este viernes una protesta frente al Ente Regulador de Energía (ENRE).

"El creciente nivel inflacionario, que lejos de apaciguarse hoy parece superar incluso el del año anterior, provoca el aumento desmesurado de los alimentos y productos de primera necesidad, erosiona el poder adquisitivo de los salarios y se retroalimenta con el valor de los servicios públicos", advirtió la central en su primer comunicado desde diciembre, en el que también apuntó contra el programa económico del Gobierno.

La protesta nucleó a maestros, municipales, judiciales, sanidad, ladrilleros, obreros de la Construcción, y entre los dirigentes presentes se vio al frente de las columnas a Omar Pérez (Camioneros), Raúl Epelbaum (Señaleros), Omar Maturano (La Fraternidad), Roberto Coria (Guincheros), Rubén Ramos (AGAE), Héctor González (Luz y Fuerza Patagonia), Guillermo Imbrogno (AEFIP) y Hugo Benítez (Textiles).

En ese contexto, los porteros se mantienen expectantes, luego de acordar en marzo un incremento del 12% en dos tramos no acumulativos, más un bono de $6.000 y revisión en septiembre. "Hasta ahora estamos viendo cómo sigue, preocupados por la economía, es un tema que veremos cómo transcurre", dijo Victor Santamaría, titular del sindicato único de trabajadores de edificios (Suterh).

Luz y Fuerza también debe renegociar en septiembre. La federación firmó un 15% en dos tramos, pero su filial de Capital -que discute con Edenor y Edesur- podría adelantarse, ya que discute por separado y arrastra un acuerdo del año pasado. "Seguramente que no alcanza. Vamos a empezar a negociar en agosto y si se desmadra no descartamos adelantarnos", dijo un hombre del gremio liderado por Rafael Mancuso.

Con todo, buena parte de la dirigencia mantiene por ahora la cautela y evita hablar de "reajustes". "Todo a su debido momento, el sindicalismo hizo los deberes y nadie podrá acusarnos de meter palos en la rueda", dijo el ladero de un triunviro.

El sindicalismo, sobre todo su ala "dialoguista", busca esquivar una situación como la de diciembre, cuando la reforma jubilatoria forzó a un sector a salir a las calles y abandonar la mesa de negociaciones.

El dilema que enfrentan los jefes gremiales es que las propias autoridades y el empresariado sostienen contra viento y marea el esquema tarifario definido por el Ministerio de Energía, frente al embate de la oposición por moderarlo.

El efecto de la devaluación repentina de la última semana no hizo más que agitar el fantasma del año pasado, cuando los salarios perdieron hasta por seis puntos por debajo de una inflación del 24,8%.

En cambio, Triaca hizo una lectura optimista sobre impacto de la cotización del dólar en las empresas y los ingresos. Al ser consultado el jueves durante una charla organizada por la Universidad Di Tella sobre "El futuro del trabajo", el ministro respondió que "el sector empresario está ganando competitividad y los trabajadores recuperando productividad".