La semana pasada se abrieron los sobre con dos ofertas para organizar la reunión donde estarán los principales mandatarios. Incluye una actividad recreativa y obsequios.

Seis empresas, en dos grupos distintos, pugnan por organizar la cumbre del G20 de fin de año. El evento, por el que vendrán a la Argentina los mandatarios de mayor peso del mundo, le puede llegar a costar al país unos $ 1.200 millones. Eso sin contar cuantiosos gastos en seguridad, para los que hay un presupuesto especial. Esta semana se abrieron los sobre para ganar la licitación para armar la cumbre del 30 de noviembre al 1 de diciembre. La idea es que el ganador se encargue de hacer toda la organización, desde a infraestructura, hasta las acreditaciones, pasando por la traducción simultánea o el servicio de catering.

En el primer sobre estaba la propuesta de las empresas Indexport Messe Frankfurt (de Alemania) y Congresos Internacionales SA, que ofertaron $ 1,236 millones. Son los que ganaron las licitaciones anteriores para los más de cuarenta eventos que se vienen realizando como preámbulo de la cumbre de líderes. En total, ganaron licitaciones por $ 437 millones.

La segunda propuesta fue de una unión de cuatro empresas: Oymyakon (argentina), Crea México (mexicana), FyN SA (argentina) y Braher ICS Konferenz Tecnik International Congress Service (alemana). Su propuesta es por $ 750 millones. Eso les permite quedar mejor posicionada en la variable “precio”, que tiene una influencia del 40% en la evaluación final. Los otros aspectos son capacidad técnica (30%), capacidad operativa (15%) y capacidad financiera (15%).

En los próximos días, la comisión evaluadora que conforman especialistas de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General y Unidad Técnica G20, analizarán las presentaciones, con una planilla compuesta por 1.300 ítems a considerar. Ahí hay para analizar de los más diverso, como las características de la actividad recreativa que se ofrecerá a unas 1.500 personas o el vino que se ofrecerá (la única condición es que sea nacional).

La actividad recreativa, que se realiza en cada cumbre del G20, según el pliego tiene que ser “un espectáculo del más alto estándar internacional” y deberá contar con distintos estilos musicales argentinos como “chacarera, tanto clásico y electrónico, chamamé, rock, y cuarteto, entre otros”. Por otra parte, el aspecto a considerar es el obsequio que, por protocolo, se le entrega a 35 líderes y sus parejas. La licitación prevé que “deberán ser de producción nacional, de altísimos niveles de excelencia y ser tanto transportables como exportables”, y pone como ejemplos “orfebrería, tejidos, fotografías de paisajes argentinos”, con un límite de $ 5 mil.

Cuando lanzaron la licitación, en el Gobierno pusieron como valor de referencia $ 1.072 millones. De ganar la opción más cara, el evento costaría US$ 62 millones. Es menos que los US$ 90 millones que costó la cumbre de Alemania, el año pasado, o los US$ 70 de Los Cabos, México, en 2012. Desde el Gobierno, además, justifican que la inversión se recupera con el 20% que vuelve en impuestos (por tratarse todo de industria nacional) y por el impacto económico que tendrá la llegada de unos 7 mil visitantes. Y, repiten, casi como un mantra, que es uno de los eventos “más importantes de la historia reciente”.

El pedido del Gobierno para obtener toda la documentación oficial sobre Noctua, el fondo vinculado al ministro de Finanzas, Luis Caputo, hasta fines de 2015, ya está en los Estados Unidos.

La Oficina Anticorrupción solicitó los papeles que archiva la Comisión de Valores estadounidense (SEC) a través de la Cancillería, que a su vez remitió el pedido a la embajada argentina en Washington.

El equipo argentino de los Paradise Papers publicó formularios de la SEC donde Noctua declara al ministro de Finanzas como “shareholder“, al menos hasta noviembre de 2015.

La Oficina Anticorrupción requirió una copia de esos papeles revelados por la prensa, pero ahora busca validarlos por el camino formal. “Pediremos la remisión de la totalidad de la información oficial obrante en poder de la SEC”, había manifestado el organismo de control en un comunicado oficial.

Según señalaron fuentes de la Cancillería a La Nación, la OA hizo el requerimiento el 12 de marzo, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió mayor documentación anexa para completar el requerimiento. El 21 de marzo, la solicitud de documentos viajó a la embajada argentina en Washington que ahora deberá hacer la presentación ante la SEC.

La Justicia, en tanto, continúa acopiando información para analizar si Caputo incurrió, o no, en una omisión maliciosa en su declaración jurada. Es decir, si eludió arbitrariamente declarar a Noctua en su informe patrimonial.

El miércoles, en el Congreso, el ministro de Finanzas aseguró que no fue dueño de Noctua, sino solo un “tenedor fiduciario“, por lo que no fue él sino el dueño real de los fondos quien declaró esa tenencia ante las autoridades fiscales.

Según señalaron fuentes oficiales al matutino, la OA elabora un informe técnico sobre los bienes que deben figurar en los formularios de las declaraciones juradas y sobre los períodos que deben ser informados para remitírselo al fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación de la causa.

El organismo de control trabaja en ese informe y se espera que lo remita a la Justicia en los próximos días. Según precisaron las fuentes, se trata de un trabajo similar al que el organismo elaboró en el caso de Mauricio Macripor los Panamá Papers, con un análisis técnico sobre el formato de los formularios, pero sobre su contenido particular.

El informe, se espera, podrá aclarar -por ejemplo- si Caputo debía declarar, o no, una tenencia fiduciaria como la que describió ante el Congreso, si los documentos de los Estados Unidos avalan su versión.

La cuestión de los plazos de las declaraciones juradas en el caso de Caputoes también clave: en diciembre de 2015, todos los funcionarios que asumieron en la gestión debieron presentar el informe patrimonial del período 2014, el último ejercicio que habían cerrado ante la AFIP, cuando muchos de ellos aún se desempeñaban en el ámbito privado.

Esa modalidad cambió en 2017 y quienes se dan de alta en la función pública presentan una “foto” de sus bienes al asumir.

La OA ya le remitió a la Justicia todas las declaraciones juradas de Caputo con sus anexos reservados (un sobre que se abre únicamente por requerimiento judicial).

El organismo que conduce Laura Alonso había señalado que “se requirieron aclaraciones al ministro de Finanzas a fin de reflejar en forma completa la información patrimonial y de intereses”, y que “posteriormente toda la información fue remitida al fiscal”.

Caputo señaló lo que rectificó en su informe patrimonial: “No es que omitió alguna empresa, omitió que soy profesor en la UCA. No puso nada. Pero lo importante es que todos los ingresos están puestos; todos los ingresos de Noctua, de Axis y de LLC. O sea, no hubo ningún ocultamiento”.

El administrador Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, está decidido a darle su propia impronta al organismo encargado de la recaudación de impuestos. Entre los empleados del organismo se habla que va a haber una reestructuración, y que como producto del programa de retiros voluntarios que el gobierno lanzó la semana pasada, habría entre 800 y 900 bajas.

El viernes último trabajadores de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social respiraron tranquilos cuando les anunciaron que toda esa estructura no iba a desaparecer, como lo disponía una resolución firmada por Alberto Abad en diciembre pasado, la cual dejaba entrever la intención de una fuerte modificación en el organigrama.

De las tres direcciones generales que componen la AFIP, la de Aduana, la Impositiva, y la de Seguridad Social, la última desaparecía y sus funciones eran pasadas a las otras dos, en un retorno a la primera estructura ideada por su fundador Carlos Silvani, en 1996. Lo que hizo apenas asumió Cuccioli, fue derogar la medida de su antecesor. El joven funcionario llega con la idea modernizar la AFIP, con mayor incorporación de tecnología para entrecruzamiento de datos y agilizar los trámites. El objetivo de fondo es que crezca la base imponible, o dicho de una manera sencilla, que haya más gente pagando impuestos, y que algunos que ya lo hacen, abonen más, como el caso de las categorías mas altas del monotributo que tendrían que pasarse al régimen general

La resolución de Abad era abarcativa ya que afectaba a las direcciones de Supervisión y Evaluación Operativa, las regionales de los Recursos de la Seguridad Social, la de Control de Monotributo, y la División de Despacho de los Recursos de la Seguridad Social. Disponía que los cambios tenían que estar listos el próximo 27. Llama la atención que Abad haya planificado su retiro antes de terminar esta tarea de envergadura.

“Vamos a ser reestructurados, pero en conjunto con toda la organización. Veremos si está dentro de la Dirección General o afuera. Nuestra pelea ahora es que se nos escuche”, dijo un funcionario de carrera al informarles que iban a seguir con su tarea habitual por el momento.

Cuccioli tendrá mucho mas respaldo que su antecesor en lo que se relaciona con meter mano en la estructura. El nuevo titular de la AFIP llega a allí con el respaldo del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, uno de los funcionarios de mayor poder en el gabinete, con capacidad para sumar gente de su confianza en donde cree conveniente, cono el caso del nuevo CEO de YPF, Daniel González.

La AFIP cuenta actualmente con poco más de 20.000 empleados. Como fruto de los cambios en marcha esperan que entre 800 y 900 empleados abandonen la organización en el marco del retiro voluntario impulsado por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

El otro punto es que Cuccioli, en principio, va a encarar su propia reestructuración con los funcionarios que formaron parque del equipo de Abad. Cuando es consultado, el administrador reivindica ese plantel, al repetir una y otra vez, que “no se puede prescindir de ellos”. Pero suele aclarar que es solo por el momento porque en su idea está promover nuevas figuras.

El nuevo administrador cuenta con el apoyo del sindicato, pero eso se podría revertir en poco tiempo. Quiere eliminar una cláusula de “enganche” que mejora los salarios de los empleados en la medida que crece la recaudación.