En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las organizaciones convocantes leyeron un duro documento contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y reclamaron por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, por las universidades públicas y en defensa de la democracia. En el mensaje, pidieron a la Corte Suprema "que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento". El máximo tribunal tendrá la última palabra en el ámbito judicial.

Este martes, miles de personas se dieron cita en diferentes puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, para acompañar el pedido de recomposición presupuestaria que encabezan las universidades públicas ante el ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre del 2023. Hasta la fecha, el Consejo Interuniversitario Nacional denuncia un recorte del 45.6% sobre los recursos.

En un duro documento firmado por el CIN y refrendado por organizaciones gremiales docentes, calificaron al financiamiento del sistema universitario nacional como "crítico" y aseguraron que la principal causa es que el Gobierno nacional "incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema".

En paralelo al ahogamiento sobre políticas de infraestructura para el mantenimiento de las casas de estudios, las universidades denunciaron también que se le suma la asfixia salarial impuesta por el Gobierno nacional. Desde 2024, Nación cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo. Eso, según afirman, se tradujo en un "empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo", acompañado por "renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales".

Para ponerlo en números, las universidades aseguraron que mientras la inflación acumuló un 293,30% entre diciembre del 2023 y marzo del 2026, los salarios acumulan un incremento del 147,30 %, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %, remarcaron. "Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas", advirtieron.

En ese mismo tiempo, el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades "no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023". La tendencia se intensificó en el último tiempo, provocando la pérdida de un equivalente a casi 9 meses de transferencias, argumentaron.

A la crisis presupuestaria, las universidades le añaden la decisión del Gobierno de no cumplir con la ley de Financiamiento aprobada por el Congreso y defendida por ambas cámaras ante el intento de veto. "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", advirtieron.

Sobre el final de la lectura del documento, los presentes elevaron sus reclamos al Poder Judicial, donde se dirimirá el futuro de la normativa luego del per saltum presentado por el Ejecutivo. "Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario", manifestaron en defensa del derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública.