Nación amplió el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para debatir dos ejes distintos: la edad de imputabilidad y la creación de un sistema de justicia penal juvenil. Ambos conceptos, aunque suelen confundirse en el debate público, responden a lógicas diferentes y estructuran una reforma prevista para 2026.
La incorporación del Régimen Penal Juvenil fue formalizada mediante el Decreto 53/2026, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita su tratamiento legislativo a partir del 2 de febrero de 2026. La decisión se definió tras una reunión de la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada, donde se ajustó la estrategia parlamentaria y se evaluó el escenario de votos para el período extraordinario.
El decreto volvió central una distinción técnica clave para comprender el alcance real de la reforma impulsada por el Ejecutivo.
La edad de imputabilidad establece el umbral etario a partir del cual una persona puede ser sometida a un proceso penal. Según la Ley 22.278, los menores de 16 años son no punibles y no pueden recibir penas de prisión. La propuesta oficial plantea reducir ese límite a los 13 años, habilitando la posibilidad de que niños y adolescentes de esa edad respondan penalmente ante la Justicia por determinados delitos.
La responsabilidad penal juvenil, en cambio, no define la edad a partir de la cual se puede castigar, sino el tipo de sistema judicial que debe aplicarse a los adolescentes que ya superaron el umbral de imputabilidad. Implica un régimen diferenciado del derecho penal adulto, con normas, instituciones y procedimientos propios, orientados a la resocialización y al respeto del interés superior del niño, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos.
Mientras la baja de la edad de imputabilidad responde a la pregunta de cuándo el Estado puede ejercer el poder punitivo, la responsabilidad penal juvenil determina cómo debe hacerlo. Este enfoque requiere jueces especializados en niñez, defensas técnicas adecuadas y espacios de detención diferenciados que eviten la convivencia con adultos condenados.
