Matías Tombolini aseguró este martes que el programa Precios Justos, que establece la fijación de precios de cerca de 2.000 productos de primera necesidad durante cuatro meses, y un aumento máximo del 4% para otros 30.000 artículos, "va a ayudar a ordenar la dinámica en un sendero más tranquilo", y destacó que el mismo contiene una serie de puntos respecto del abastecimiento, alcance y penalidades que lo diferencia de los anteriores acuerdos.

“Pusimos en marcha el motor de una negociación que arrancó bastante antes, durante la segunda quincena del mes de octubre”, sostuvo Tombolini esta mañana en diálogo con El Destape Radio, e indicó que el nuevo programa, como premisa, busca dar “un sendero de previsibilidad y de orden a los precios de las góndolas”.

De acuerdo con el secretario, 1.823 productos ya se incorporaron con un precio que se mantendrá fijo entre el actual mes de noviembre y fines de febrero.

Por su parte, el resto de los productos -más de 30.000- de las empresas participantes tendrá un tope máximo de aumento de 4% mensual durante la vigencia del programa.

El funcionario aclaró que la iniciativa, por sí sola, “no combate la inflación”, y que en ese marco hay que incluir otras medidas como “la búsqueda de un equilibrio fiscal” y de la “consolidación de las reservas”.

“Pero sí es cierto que es un vector que forma parte de un conjunto de herramientas para resolver el problema inflacionario, que por supuesto es de orden macroeconómico”, explicó Tombolini.

En ese mismo orden se ubicó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, quién aclaró esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia que una medida como Precios Justos “jamás va a resolver por sí sola el problema inflacionario”.

“La inflación tiene mucho de estructural, que tiene que ver con las políticas monetaria y fiscal, el orden fiscal, y en eso último, (el ministro de Economía) Sergio Massa, desde hace 90 días que está en el cargo, puso el eje", subrayó.

Por otra parte, Tombolini diferenció a Precios Justos de los anteriores acuerdos de precios. Uno de los puntos que destacó es la variedad de productos incluidos, abarcando a 102 empresas de consumo masivo, al igual que las marcas propias de los supermercados, con la meta de “seguir incorporando productos y empresas en las próximas semanas”.

“No hay, diría, ninguna marca grande que esté afuera del acuerdo, y esto por supuesto le da un volumen distinto a los acuerdos precedentes”, aseguró.

Del mismo modo hizo puntapié sobre el alcance del mismo, “llegando hoy a 18 cadenas de supermercados e hipermercados con más de 2.200 puntos de venta, y 25 cadenas del interior del país que a su vez tienen 150 puntos de venta más”.

Como novedad, el programa incorpora a las cadenas mayoristas que -señaló Tombolini- “hasta hoy estaban fuera de los programas de precios anteriores” y suman “200 puntos de venta".

En estas bocas, “en la mayoría de los casos”, el precio del programa es menor al de los supermercados.

No obstante, aclaró que los comercios de proximidad y almacenes –que normalmente se abastecen de mayoristas- “tienen un nivel de precios más elevado que del supermercado”, y que ello tiene que ver “con la estructura económica de comercialización” del país, una distorsión que aclaró que no se corregirá con un programa de precios.

Por su parte, destacó que Precios Justos no se planificó en el vacío ya que se realizaron desde la Secretaría una serie de “medidas previas”.

Entre ellas, se encuentra el establecimiento de normativas respecto de la fiscalización de rótulos mediante las cuales, las empresas que saquen productos con “características muy parecidas” a otros ya existentes de sus carteras, deberán pasar por la Secretaría a pedir una autorización.

Del mismo modo, se han endurecido las penalizaciones, en casos de incumplimientos de abastecimiento, precios, o señalización en el acuerdo de precios por parte de las empresas productoras o por parte de las distribuidoras.

“El tope estaba desde 2008 en $ 5 millones y hoy, en el Presupuesto Nacional, está de 0,5 a 2.100 canastas básicas de hogar tipo 3, es decir, el tope pasó de $ 5 millones a $ 280 millones para los incumplimientos”, aseveró Tombolini.

En ese marco, señaló, de forma tajante, que al comenzar la negociación se le pidió estrictamente a los supermercados que no acepten listas “que suban más del 4%”.

Como novedad, la fiscalización “por primera vez” será “descentralizada” –señaló el funcionario-, lo cual permitirá a los municipios “la posibilidad de verificar el cumplimiento”.

En tanto, también se busca resolver lo que el funcionario ha denominado como “el talón de Aquiles” de los programas de precios: el desabastecimiento.

“A partir de que administramos el comercio exterior lo que hicimos fue avanzar en un programa de importaciones que le dé acceso a las empresas a los insumos necesarios para garantizar el abastecimiento. Las empresas van a resignar ganancias pero van a tener los insumos para abastecer este acuerdo”, subrayó.

Esto –aclaró- no generará mayores presiones sobre la demanda de divisas al ser un “sector que consume pocos dólares”, sino que más bien, “los genera”.

El titular de la Secretaría de Comercio también destacó la disponibilidad de una aplicación para teléfonos móviles para Android y iOS que permite denunciar irregularidades, verificar la lista de precios y escanear con códigos de barras para comparar el precio acordado con el que se observa en góndola.

Esto, según Tombolini, permite “empoderar al consumidor” al sumarle la posibilidad de “verificar el cumplimiento del acuerdo”.

Como pasos a seguir, el funcionario prometió poner la mira sobre la estructura de costos de las empresas, focalizando sobre las “cadenas de insumos”, y poniendo en marcha el Observatorio de Precios, previsto en la Ley 26.992 de 2014, pero que nunca llegó a conformarse.

Su objetivo será el de monitorear, relevar y sistematizar los precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios, identificando distorsiones en el mercado.

FUENTE: MINUTO UNO.