Pirelli paró la fabricación de neumáticos por falta de insumos, en tanto que Fate y Bridgestone lo hicieron por un conflicto gremial.

La planta de Pirelli, en la localidad bonaerense de Merlo, paró hoy la producción por tiempo indeterminado por falta de insumos y, sumado a anuncios similares de Fate y Bridgestone en las últimas horas, ya nadie fabrica neumáticos en el país.

El establecimiento fabril era el único que continuó operando desde la decisión del gremio del sector de realizar una medida de fuerza por tiempo indeterminado.

Durante el sábado estuvieron en actividad 12 de las 80 máquinas que realizan el proceso final de vulcanizado. Sin embargo, la imposibilidad de ingresar el viernes pasado camiones de nitrógeno –insumo clave para la producción de cubiertas – obligó a la empresa a cerrar hoy las operaciones hasta nuevo aviso.

Con la salida del turno noche del sábado, la planta permanece cerrada. No hubo ingreso de personal este domingo y, entre las 2:00 y las 6:00 de la mañana, se llevaron a cabo tareas técnicas para la parada de fábrica.

La fábrica tiene un sistema rotativo de trabajo que le permite trabajar las 24 horas de de los siete días de la semana para poder abastecer la fuerte demanda interna y la exportación.

Ante el conflicto gremial venían operando al 50% de su capacidad. Esto se debió a que por la medida de fuerza no se permitía el ingreso de personal. Aún así, gran parte de los trabajadores lograban ingresar y cumplir con sus obligaciones.

En estos momentos, los portones de ingresos continúan bloqueados. Anoche, se hizo un recital en la vereda de la fábrica y, entre otras cosas, se instaló una mesa de pool para que pudieran jugar los delegados gremiales.

Riesgo para la producción automotriz

Esta parálisis del sector pone en riesgo la producción automotriz. Las empresas más afectadas son las que producen pickups ya que se abastecen, principalmente, de cubiertas nacionales. La falta de stock llevaría a que esta semana se produzca la suspensión de actividad en alguna de estas empresas.

Durante el fin de semana, directivos de las terminales estuvieron analizando los pasos a seguir en los próximos días. Hay que recordar que Nissan y Renault, hace unas semanas, debieron suspender la producción de los modelos Frontier y Alaskan, en Córdoba, por falta de cubiertas.

Las negociaciones entre las partes llevan más de 100 días. Ante la firme posición de los fabricantes de sostener su propuesta, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que responde al Partido Obrero de izquierda, amenazo con nuevas medidas de fuerza y una radicalización mayor del conflicto.
En una comunicación a los afiliados, a la que tuvo acceso Ámbito, los delegados sindicales anunciaron que realizarían “todas las acciones legales necesarias para proteger los intereses del conjunto de los trabajadores, comprendiendo que no puede pasar de este mes la resolución de esta instancia o la inevitable radicalización del conflicto.”

El gremio vino realizando, en las últimas semanas, distintos paros en las fábricas de Fate, Pirelli y Bridgestone.

En las últimas reuniones mantenidas por las partes, en el Ministerio de Trabajo, el sector privado ratificó su propuesta de una aumento del 16%, retroactivo a julio, correspondiente al quinto tramo de la revisión salarial del período 2021/2022.

Asimismo, reafirmó la propuesta de iniciar la negociación paritaria para el período julio 2022 a junio 2023, “con el compromiso de recuperar el funcionamiento pleno de las plantas, la paz social y niveles de productividad compatibles con los mercados internacionales”, según consta en el acta firmada en el ministerio. El gremio rechazó la propuesta.

La falta de acuerdo agudiza el conflicto con la lógica caída de la producción. Este es un tema crítico ya que podría afectar la fabricación de autos. Además, se lleva a cabo en un momento de fuerte desabastecimiento de productos y suba de precios.

Con el ojo puesto sobre la doble vara del Poder Judicial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta en sus redes en las que sostuvo que "las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista".

Además advirtió que el trato de la Justicia en la causa conocida como Vialidad es dispar y puso como ejemplo el sobreseimiento que recibió el expresidente radical Fernando De la Rúa por las muertes de manifestantes en diciembre del 2001. "Para los delitos contra la vida se aplica el Derecho Penal liberal", y agregó que "para el peronismo, el Derecho Penal de autor".

"La Sala I de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene dos causas de asociación ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… --dijo--: Cinco veces juzgada por el mismo hecho, ¿qué nombre tendrá en latín?", ironizó la vicepresidenta en la carta publicada este domingo en sus redes. Fernández de Kirchner desarrolló uno de los puntos que planteó en su alegato en el juicio oral como "antecedentes jurisprudenciales del caso De La Rúa", en la causa que investigó la responsabilidad del mandatario de la Alianza en la represión "en los días 19 y 20 de diciembre de 2001 y que culminaron con asesinato de varios ciudadanos argentinos".

El Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández a la presidencia en 2019 sostiene junto a la vicepresidenta que el Poder Judicial impulsa sobre la dirigente peronista presiones a través de lawfare, término que se utiliza para referirse al ataque contra oponentes políticos usando de manera vil procedimientos legales. La causa Vialidad que se lleva adelante por estos días es solo una de las que se encuentran en manos de la justicia, que se suman a las que ya tienen fallo y por las que fue sobreseída como la que investigó la venta de Dólar Futuro o el Memorándum.

"Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión (nadie absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso", aseguró CFK en el texto difundido en su cuenta de Twitter. En la carta afirmó que había olvidado "señalar algo muy importante", y apuntó que en la investigación sobre De La Rúa y los funcionarios de su gobierno no se "tuvieron en cuenta las responsabilidades que establece el artículo 100 de la Constitución Nacional para el Jefe de Gabinete", que tampoco "fue requerido ni reprochado penalmente por los jueces de Comodoro Py".

La vicepresidenta recordó que en el juicio fue condenado el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov, junto a otros funcionarios del área, pero que luego de apelar el fallo "el TOF 6 redujo las penas en función de la revisión propiciada por la Cámara de Casación Federal, que en su pronunciamiento había cuestionado que en la misma sentencia de juicio se había realizado una doble valoración del carácter de funcionarios públicos de los condenados, por lo cual se habría transgredido el principio llamado ne bis in ídem, es decir la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho". La dirigente peronista puso en contraste la forma dispar en la que los mismos integrantes del tribunal de Casación le dieron tratamiento a las presentaciones contra un gobierno encabezado por radicales y el encabezado por ella en nombre del peronismo.

"Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista. Para el peronismo, Derecho Penal de autor", indicó Fernández de Kirchner y agregó que "para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso".

En la causa Vialidad que investiga un supuesto intento de favorecer a empresarios cercanos a los Kirchner con la adjudicación direccionada de obra pública, el fiscal Diego Luciani que estuvo al frente de la investigación pidió al tribunal la pena de doce años de prisión y la inhabilitación de por vida para la Vicepresidenta para ejercer cargos públicos. La semana pasada la defensa de CFK presentó en el juicio oral pruebas que desacreditaron las acusaciones contra ella y solicitaron la absolución.