El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, ordenó el procesamiento de un suboficial principal del Ejército como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante que tuvo como víctima a una soldado voluntaria del Regimiento de Caballería N°12 “Dragones Coronel Zelaya”.

El juez dispuso el embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de 30 mil pesos y ordenó la prórroga de medidas preventivas -requeridas por el MPF- por el término de 90 días. El magistrado notificó estas medidas al Regimiento de Caballería y a la Jefatura Departamental local de la Policía de Entre Ríos.

Estas implican la prohibición de acercamiento a los lugares de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la víctima en un radio inferior a los 100 metros de donde se encuentre; la prohibición de realizar actos molestos que de cualquier forma perturben psicológica, moral o anímicamente a la denunciante y la prohibición de tenencia de armas de fuego y/o de cualquier otro tipo por parte del procesado.

En su resolución, el juez Viri consideró que el imputado abusó sexualmente de la soldado voluntaria “mediando una relación intimidatoria fundada en la relación de poder existente por sobre la víctima con basamento en la jerarquía militar y funciones asignadas a cada uno de ellos”.

“Existía entre ellos una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, la que resultó corroborada no sólo por la verificación del cargo que cada uno detentaba en la estructura orgánica de la repartición del Ejército Argentino en la que desempeñaban sus funciones, sino que puede verse reflejada en los dichos de la víctima y en los del propio imputado en la declaración indagatoria”, agregó.

En tal sentido, aseguró que el imputado tuvo conocimiento de la realización de un acto de carácter sexual sin consentimiento de la joven, ya que el hombre continuó con los tocamientos pese a la negativa y la oposición férrea y expresa de la víctima. “Esto demuestra a las claras el desprecio del imputado hacia la voluntad y libertad de la víctima”, aseveró.

En su resolución, además, consideró que las acciones emprendidas por el imputado, fueron las más gravosas y ostentosas, pero “no fueron las únicas”, ya que habría tenido antes actitudes y comentarios de contenido sexual hacia la víctima y, a su vez, se habría mostrado molesto al verla hablar con otros hombres.

“En resumen, aparece claro y se encuentra debidamente acreditado, que el imputado tenía el pleno dominio sobre los hechos, toda vez que las probanzas arrimadas al sumario, acerca de la materialidad fáctica, objetiva e histórica de los sucesos objeto de juzgamiento en la presente causa, han permitido demostrar la autoría del imputado en los hechos", concluyó.

FUENTE: MINUTO UNO.

El Gobierno nacional restringió los traslados por misiones oficiales o comisiones de servicio al exterior, y a eventos internacionales cuya organización no contemple la posibilidad de participar mediante una plataforma de reunión virtual o por videoconferencia, con el objetivo de "contribuir a una mayor racionalización del gasto público".

Así lo dispuso la Decisión Administrativa 836/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete Juan Manzur y del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

"El funcionario deberá declarar, en carácter de declaración jurada, que el evento no cuenta con alternativas que permitan la intervención adecuada, a distancia"

"Restríngense los traslados por misiones oficiales o comisiones de servicio al exterior, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a eventos internacionales reconocidos e impostergables para los intereses del Estado nacional cuya organización no contemple la posibilidad de participar adecuadamente mediante una plataforma de reunión virtual o software de videoconferencia", dice la norma en su artículo 1.

Y agrega: "El funcionario o la funcionaria o autoridad peticionante deberá declarar, en carácter de declaración jurada, que el evento no cuenta con alternativas que permitan la intervención adecuada, a distancia".

En tanto, los traslados deberán contar con la autorización previa y expresa del Jefe o de la Jefa de Gabinete de Ministros cuando se trate de ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación, Jefe o Jefa de la Casa Militar y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro.

También cuando fueran "titulares de secretarías, subsecretarías, instituciones de la Seguridad Social, entes reguladores, liquidadores y superintendencias, incluyendo los cuerpos colegiados, organismos de la Administración Pública Nacional Descentralizada y Desconcentrada y direcciones nacionales y generales o sus respectivos niveles equivalentes".

Por otra parte, la disposición indica que "los traslados deberán contar con la conformidad previa del o de la titular de la jurisdicción de la cual dependan".

Esto rige cuando se trate de "autoridades del Banco Central, de las Entidades Financieras Oficiales nacionales y de sus Empresas vinculadas, hasta nivel equivalente de Director Nacional y Director General; autoridades de Empresas y Sociedades del Estado, de los Entes Públicos y de los Fondos Fiduciarios, previstos en los incisos b); c) y d) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y modificatorias, hasta nivel equivalente de Director Nacional y Director General".

También cuando fueren "funcionarios y funcionarias con nivel inferior a Director Nacional o General o su equivalente de las jurisdicciones y organismos aludidos en los incisos precedentes".

Asimismo, para los traslados, se deberá iniciar el trámite administrativo para la obtención de la conformidad del Jefe de Gabinete con una antelación mínima de 10 días hábiles previos al traslado de la misión o la comisión correspondiente.

Una vez finalizada la misión oficial o comisión de servicio al exterior, los funcionarios o autoridades deberán enviar una comunicación oficial dirigida al Jefe de Gabinete adjuntando el formulario "Informe de Resultado de Gestión Internacional", que figura en el anexo de la normativa.

Además, los viajes al exterior deberán preverse con la suficiente antelación a efectos de posibilitar el acceso a las mejores tarifas ofrecidas por el mercado y deberá efectuarse por la vía más corta y de menor costo.

Se priorizará la utilización de la vía más corta tanto a la ida como al regreso, y deberán realizarse por la ruta y aerolínea que reúna las condiciones más apropiadas, con prioridad a las aerolíneas de propiedad del Estado.

Los pasajes deberán emitirse por una misma aerolínea, en ruta de ida y vuelta, no endosables, reintegrables únicamente en la oficina de origen.

Por otra parte, el personal autorizado deberá presentar dentro de los cinco días de la fecha de llegada, la rendición de viáticos y de gastos de alojamiento, de acuerdo con el formulario de "Declaración Jurada de Rendición de Viáticos y Gastos de Alojamiento", que también figura anexado a la normativa.

FUENTE: TÉLAM.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo. El arma de fuego era "inutilizable", según confirmaron los efectivos de la Policía Federal que intervinieron en el momento.

La Cámara de Diputados denunció que dos productores de un canal de televisión quisieron entrar al Congreso con un arma de fuego.

El suceso ocurrió el pasado jueves, pero fue dado a conocer en la mañana de este viernes a través de un comunicado de la Cámara baja.

Según la información oficial, "se presentaron en el ingreso al público de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dos productores de la señal de noticias TN con la finalidad de realizar tomas en las instalaciones del Palacio Legislativo para un programa periodístico de dicha señal informativa".

"Al momento de su ingreso, luego de referenciar que disponían de material de utilería, el personal de la Dirección de Seguridad detecta mediante la utilización del scanner la presencia de un arma de fuego", se relató en el comunicado.

Ante el descubrimiento, el personal de Seguridad dio intervención a la Comisaría y efectivos de la Policía Federal iniciaron las averiguaciones e investigaciones del caso, "confirmando que en la gestión para la autorización de las labores periodísticas omitieron declarar la portación de un arma de fuego inutilizable como elemento de uso en la producción audiovisual", remarcó Diputados.

La investigación del hecho registrado en la Cámara baja quedó en manos del Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, a través de la Secretaría de Martín Canelo.

NA.