Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que llevan adelante la acusación de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 solicitaron este lunes la inhabilitación especial perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de los exfuncionarios imputados.

El alegato acusador comenzó esta mañana pasadas las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py en la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato.

Al inicio de la audiencia, la expresidenta solicitó a través de sus abogados ampliar su declaración indagatoria este martes 23 de agosto.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", argumentó la exmandataria en sus redes sociales al informar que instruyó a su abogado para que, a los efectos de poder ejercer su "derecho a defensa en juicio", solicite la ampliación la indagatoria.

Cuando finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus alegatos.

En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

También están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas, por su parte, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas.

FUENTE: ÁMBITO.

Los resultados de autopsia concluyeron que dos bebés que murieron a poco de nacer en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la ciudad de Córdoba, perdieron la vida como consecuencia de "exceso de potasio" que fue "inyectada de manera intencional", informaron fuentes vinculadas a la causa que investiga por el momento cinco fallecimientos, por los cuales hay una enfermera detenida e imputada.

Según se consignó, el informe de la autopsia detalla que "se detectaron sustancias tóxicas incompatibles con la vida".

Los datos forenses corresponden a dos de los cuerpos de bebés fallecidos, del total de cinco casos que investiga el fiscal Raúl Garzón.

Se trata de los fallecidos el 6 de junio pasado, que desencadenaron la investigación de otros casos similares.

La enfermera, de 27 años, fue detenida el pasado viernes imputada por el delito de "homicidio calificado reiterado" y alojada en el penal local de Bouwer.

El fiscal Garzón había manifestado que "la enfermera se la detiene por dos hechos, que son los que al día de la fecha se ha podido avanzar en los estudios complementarios de las autopsias de dos de los niñitos fallecidos".

"Obviamente que es una instancia preliminar, falta complementar sobre los otros hechos", aseveró y precisó que si bien la investigación inicial se dio sobre cinco bebés muertos, en total son 13 los casos que se estudian, entre los fallecidos y otros que sufrieron serias consecuencias y sobrevivieron, había manifestado luego de la detención.

También imputó a tres exdirectivos del Neonatal, una de ellas es la exdirectora, Liliana Asís, quienes se encuentran acusados por responsabilidades mediatas, vinculadas a su función, como la omisión de deberes de funcionario público.

La investigación judicial, que tomó estado público el 11 de agosto, se encuentra en manos del fiscal de Instrucción Raúl Garzón, a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba, entre marzo y junio pasados.

De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos (decesos) el 6 de junio de este año.