En el marco de la causa Vialidad y antes de conocer el pedido de condena por parte de la fiscalía, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pidió ampliar su declaración indagatoria.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

"Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", indicó.

La novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 comenzó pasadas las 8.30 de hoy en los tribunales de Comodoro Py, con la exposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Se trata de la última de las nueve audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato, con lo cual hoy será formulado el pedido de condenas que anunciaron semanas atrás cuando comenzaron la exposición que apuntó, en su mayor parte, a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Cuando finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus alegatos.

Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Lázaro Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la Vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar.

En esta causa se le imputa a Cristina Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

También están el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los ex responsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas, por su parte, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas.

Organizaciones políticas y sociales agrupadas en Unidad Piquetera (UP) realizarán hoy una "jornada nacional de lucha" y se movilizarán hacia el Ministerio de Trabajo para pedir un "aumento de 110 mil pesos" del salario mínimo, vital y móvil.

La protesta coincidirá con la reunión del Consejo del Salario que sesionará esta tarde en la cartera laboral.

Según detalló el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, la concentración comenzó a las 10:10 en el Obelisco, para movilizarse hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Participarán de la jornada de lucha el Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur, MST Teresa Vive, Frente de Organizaciones en Lucha, Bloque Piquetero Nacional, entre otras organizaciones.

Desde el 1° de agosto el salario mínimo es de 47.850 pesos, mientras las prestaciones mínimas y máximas por desempleo quedaron establecidas en 13.292 y 22.153 pesos respectivamente.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola darán a conocer este lunes el pedido de penas para los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El tramo final de la novena y última jornada de alegato tiene previsto resumir de manera compactada lo que ambos representantes del Ministerio Público desgranaron en las oportunidades anteriores, realizar una evaluación político-judicial  y culminará con el pedido de penas, que se insinúa particularmente alto en el caso de los principales imputados.

Voceros del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el debate estimaron que por la forma en que está estructurada la audiencia de hoy, el pedido de penas podría conocerse en torno a las 18.

Después de los alegatos  de la acusación comenzará la ronda de las defensas, cuyo organigrama no está aun definitivamente establecido.

Si bien la disposición original indicaba que los abogados defensores alegarían por orden alfabético, ese esquema puede alterarse por pedido de las parte y con la autorización del tribunal.