Después de una semana para el olvido por la reunión caída entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la oposición de Juntos por el Cambio, el Gobierno se prepara para activar la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso durante todo febrero. El llamado, que se da tras semanas de idas y vueltas y múltiples operaciones desde la Casa Rosada -por caso, hubo funcionarios prometían el reinicio del trabajo para el sábado pasado-, choca con una realidad plasmada por legisladores kirchneristas, macristas y de otros espacios que ya avizoran poca actividad y estiman, como un éxito, una sesión por cada Cámara.
A la espera de la convocatoria en cuestión -demoras de Alberto Fernández y de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra-, en el podio de urgencias aparece la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, salvo que aparezca un eventual acuerdo -cada vez más complejo y lento- con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El debate debe darse tras el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia para reorganizar la conformación del organismo que propone y sanciona a los jueces antes del 15 de abril.
El fallo de la Corte ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley y le pidió al Ejecutivo que incorpore el tema en las sesiones extraordinarias.
A inicios de diciembre pasado, el Gobierno envió al Senado una ley sobre el Consejo para llevar la conformación a 17 miembros. Para ello, se sumarían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta la institución, e incorpora la perspectiva de género para dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.
Por su parte, la oposición aprovechó las volteretas de Alberto Fernández y empujó una baterías de iniciativas propias para disputarle el espacio al Frente de Todos. Además de leyes relacionadas con el Consejo de la Magistratura (como el radical Mario Negri), se presentaron iniciativas sobre Bienes Personales, IVA, retenciones, y citaciones por la falta de reacción del canciller, Santiago Cafiero, en cuestiones sensibles de política exterior.
Días atrás, el Ejecutivo intentó reaccionar y envió al Congreso el Consenso Fiscal firmado por la mayoría de mandatarios provinciales, que permite la suba de impuestos locales y desvirtúa aún más el acuerdo original de 2017. Quien no acompañó fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostiene una puja judicial con Nación por la millonaria quita de fondos contra la Ciudad gatillado por el Presidente. Se diferenciaron del PRO los gobernadores radicales Rodolfo Suarez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y el jujeño Gerardo Morales (Jujuy), flamante jefe de la UCR nacional y uno de los enlaces preferidos del oficialismo con la principal fuerza opositora.
Más leyes
La agenda de proyectos para las sesiones extraordinarias incluye un combo industrial -se espera la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, el kirchnerista Matías Kulfas, ausente durante la discusión del Presupuesto 2022-, pero aún hay dudas sobre cuestiones judiciales imposibles de avanzar, por ahora, con la conformación del nuevo Congreso.
Una de ellas la reforma judicial que empujó el cristinismo en el Senado. Otra es la modificación de la mayoría para elegir al procurador general, para pasar de los dos tercios actuales a una mayoría absoluta. Ambos textos quedaron frenados en Diputados.
Durante el fin de semana último, quien habló de estas cuestiones fue el propio ministro de Justicia, Martín Soria, quien no logró destrabar el debate en el Congreso. “Tenemos todos los procesos de reforma que los ha anunciado el Presidente y en los que estamos trabajando: Ministerio Público Fiscal, batimos un récord con un procurador interino que ha estado tanto tiempo, estamos hablando del jefe de los fiscales. Además, tenemos la reforma que ha anunciado el Presidente acerca del funcionamiento de la Corte Suprema. El Presidente ha sido muy claro, contundente, sobre la necesidad de darnos el debate del funcionamiento de la Corte, que tiene una estructura de más de 150 años y siempre igual. Es tiempo de sacar, mejorar, aggiornar la cúpula, la cumbre del Poder Judicial”, señaló el funcionario a Télam.
Fuente: Á
