Con la reforma laboral en stand by, el Gobierno evalúa en secreto un proyecto de ley para facilitar el empleo formal en las microempresas. Se trata de una iniciativa que ya está en manos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y que contempla una simplificación del pago de las cargas sociales junto con un esquema de contribuciones patronales reducidas.
De esa manera, las empresas de hasta cinco empleados pagarían sus cargas en función de la facturación, en lugar de la modalidad actual que se aplica por cada empleado, y en teoría se verían tentadas a abandonar la informalidad. El experimento serviría además como un primer antecedente para avanzar luego en el programa más ambicioso de blanqueo que Sica prepara para después de las elecciones.
La propuesta de más de 30 artículos fue elaborada hace tres meses por el Consejo de Asesores del Trabajo, un grupo de expertos que desde febrero asesora al funcionario sobre el régimen de contrato de trabajo, las tendencias locales y globales en el ámbito laboral y los conflictos, así como en los planes de empleo y capacitación. “No alcanza con reducir el monto de las cotizaciones, hay que facilitar el pago de las cargas para promover la contratación en blanco”, reveló una fuente oficial.
En la actualidad, un 68% del empleo no registrado se concentra en microempresas, lo que equivale a 3,1 millones de trabajadores de un total de 4,7 millones en esa situación. Para fomentar el blanqueo, el borrador prevé un sistema simplificado similar al del regimen especial del servicio doméstico, con el pago electrónico de aportes y un sistema de bandas con cotizaciones fijas, en este caso por nivel de ventas. Esto permitiría reducir los costos no salariales y evitaría la contratación de un contador para liquidar sueldos.
En su articulado se sugiere además la posibilidad de acordar convenios laborales que contemplen la situación del sector, un viejo anhelo de los industriales y empresarios mercantiles. En efecto, fueron tenidas en cuenta las sugerencias de representantes de la UIA, las cámaras de comercio y el gremio de la actividad, encabezado por Armando Cavalieri, de buen diálogo con Macri. Aunque no habría un regimen laboral por fuera de Ley de Contrato de Trabajo. “No es un proyecto flexibilizador”, aseguran en el Gobierno.
El ministro avanzó la semana pasada en la discusión de otras dos iniciativas laborales en el marco de la comisión de diálogo social. Se trata del proyecto para regular el teletrabajo y un regimen laboral especial para los trabajadores de las plataformas digitales. En ambos casos el foco está puesto en las nuevas formas de empleo en sectores autoexcluidos en buena medida de la legislación laboral.
El “miniblanqueo” en estudio surge ante las dificultades para formalizar empleo, una de las metas planteadas por Macri desde el inicio de su gestión que se vio frustrada por la crisis económica. El Gobierno ya había puesto el ojo en el sector en su paquete de “leyes de transformación productiva”, una presentación que trascendió en febrero y generó polémica por representar el costo laboral con una imagen en la que un grupo de ejecutivos de rasgos blancos sostiene a una multitud de empleados con rasgos mestizos.
La idea era mostrar que solo un 20% de los contribuyentes aporta el 99,4% de la recaudación fiscal. En ese marco, los funcionarios proponían un nuevo marco tributario con foco en las micropymes, que generan el 45% del empleo nuevo cada año. El combo preveía también la condonación de deudas por cargas sociales, la reducción de multas y la derogación de la indemnización agravada por empleo no registrado.
Esos puntos fueron incluidos en el proyecto de blanqueo que Sica fue a defender en mayo al Senado, pero que terminó sin tratarse ante la falta de respaldo de la CGT y los empresarios tras cambios de último minuto. En los últimos días, el ministro de Producción y Trabajo, sin embargo, avanzó en forma parcial en su estrategia al aprobar una resolución que flexibiliza las multas a las empresas fuera de regla con sus obligaciones laborales. Un paso más en dirección a una eventual condonación.
La medida coincide con los recientes reclamos empresarios para “descontratar”. “En las microempresas industriales se perdieron 6.128 puestos registrados en los últimos tres años, es necesario repensar los esquemas para fomentar la generación de empleo en las más pequeñas y revertir la situación”, dijeron desde la UIA. Por otra parte, la Cámara de Comercio (CAC) y la de la mediana empresa (CAME) exigen desde hace tiempo un tratamiento tributario por tamaño de empresa, en particular de las cargas sociales.