La Junta Interna de ATE Migraciones expresó su “más enérgico rechazo” a la decisión del Juzgado Correccional y de Menores N.º 2 de Posadas, que otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Cristian Ariel “Nano” Servián. El hombre fue condenado en junio de 2023 a cuatro años y seis meses de prisión por un hecho ocurrido en 2017, donde murieron tres personas vinculadas al ámbito de Migraciones y la función pública.
El caso corresponde a un siniestro vial ocurrido mientras Servián conducía un vehículo oficial. Producto del hecho, fallecieron Claudina Deglise (44), exconcejala y funcionaria provincial; Alejandra Marcela Sartori (23); y Miguel Ángel Barszczuk (25), inspector de la Dirección Nacional de Migraciones.
Desde ATE Migraciones señalaron que “una pena de 4 años y 6 meses por provocar la muerte de tres personas por maniobras imprudentes no puede considerarse compatible con un beneficio de arresto domiciliario, ya que desvirtúa la sanción y el impacto del daño causado”.
Además, remarcaron que la medida judicial se otorgó “sin antecedentes médicos que lo justificaran” y que “no se presentó evidencia de padecimientos físicos o psicológicos que impidieran el cumplimiento de la pena en prisión”.
El sindicato afirmó que esta resolución “demuestra una preocupante invisibilidad hacia la vida y el dolor de las víctimas y sus familias” y agregó que “todas las víctimas dejaron hijos muy chicos que debieron criarse sin sus padres”.
En el mismo comunicado, la Junta Interna de ATE expresó: “Esta medida solo muestra el desprecio que nuestra ‘justicia’ tiene por la vida de nuestros seres queridos y alienta a los imprudentes a seguir poniendo en riesgo la vida de quienes transitan nuestras rutas”.
La insititución solicitó al Poder Judicial de Misiones que “revoque de inmediato el beneficio de prisión domiciliaria y que Servián cumpla la condena en una unidad penitenciaria”. También solicitaron que “se transparenten los criterios judiciales utilizados para evaluar este tipo de beneficios en casos de gravedad”.
Finalmente, instaron a las autoridades judiciales y legislativas a “revisar los protocolos de concesión de arrestos domiciliarios en delitos con alto impacto social y sin vinculación objetiva con condiciones de salud o conducta”.
En el cierre del comunicado, el sindicato manifestó: “Desde la familia Migratoria manifestamos nuestro más sentido homenaje y compromiso de lucha en nombre de Claudina, Alejandra y Miguel Ángel, y nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Reiteramos que ningún responsable de un daño irreparable puede quedar en estado de privilegio”.
