Diputados de distintos bloques presentaron en la mesa de entradas de la cámara el proyecto sobre el aborto legal, seguro y gratuito y prometieron reimpulsar el debate este 2019, pese a que se trata de un año electoral. Durante una conferencia de presa expresaron fuertes críticas a los senadores que rechazaron la ley y frenaron el debate de la iniciativa.

El nuevo texto, que contiene algunas modificaciones del aprobado el año pasado en el recinto  reunió 70 firmas y se espera que más legisladores avalen el texto con sus adhesiones.

Si bien será muy difícil que el debate vuelva a darse este año, ya que se trata de la misma composición de las cámaras, las diputadas "verdes" buscaron mantener la vigencia del reclamo y, sobre todo, instar a los candidatos a que se pronuncien sobre el tema. Además, desde distintas organizaciones buscan lanzar plataformas para que los votantes conozcan las posturas de todos los candidatos a legisladores de las distintas provincias.

"Nos comprometemos a que el proyecto tenga sanción este año", subrayó Victoria Donda, quien fue la primera en hablar.

Desde el Frente para la Victoria –PJ, Mónica Macha se mostró confiada en "lograr todas las instancias para avanzar con este proyecto y superar lo hecho el año pasado". Asimismo, reclamó por la recuperación del ministerio de Salud.

Además, Carla Carrizo (Evolución Radical) abordó la variable de las elecciones del corriente año y pidió: "Si nos vieron todos, necesitamos que nos vea el Ejecutivo. Vamos por todos los líderes que quieren ser presidente de la Argentina".

En tanto, Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) dijo que "en las calles se va a poder terminar con los dinosaurios que les dieron la espalda a las mujeres". En el mismo sentido se expresó Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista-Frente de Izquierda).

Daniel Lipovetzky (PRO) resaltó la transversalidad de la iniciativa, "que haya sido acompañado por casi todos los bloques y así superar las divisiones partidarias y ponernos a trabajar en el derecho de las mujeres".

Por último, la diputada Cecilia Moreau (FUNA) concluyó: "Que sea ley es un compromiso al que no estamos dispuestas a renunciar".

Romina del Plá, diputada del Partido Obrero, fue un paso más allá y propuso la idea de una consulta popular vinculante en caso de que el Congreso no logre avanzar con el tema.

También asistieron Daniel Filmus, Carlos Castagneto, Adrián Grana (Frente para la Victoria-PJ), Alejandro Echegaray (UCR), Juan Carlos "Cali" Villalonga (Pro) y el senador Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur).

Uno de los principales temores de los impulsores del texto es que la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas presionen a los distintos legisladores o futuros candidatos para que frenen el debate.

Hace un año fue aprobada por Diputados, pero en agosto fue rechazada por el Senado. El texto genera diversas grietas en todos los espacios electorales (salvo la izquierda), ya que cuentan con legisladores y futuros candidatos que se manifiestan a favor de la posición abortista, pero también hay un número significativo que pregona la idea de "salvar las dos vidas".

Por ejemplo, en Cambiemos, si bien reconocen que el presidente Mauricio Mari habilitó el debate, pese a manifestarse en contra de la iniciativa, destacan que la mayoría continúa rechazando el texto. En ese sector también se ubica la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

En tanto, en el cristinismo remarcan que la expresidenta Cristina Kirchner y su bloque de Unidad Ciudadana en el Senado y en Diputados avaló la iniciativa, una posible apertura al peronismo provincial, donde hay un fuerte rechazo a la propuesta, puede generar una grieta.

Qué dice el nuevo proyecto

El nuevo texto introduce modificaciones al proyecto que obtuvo media sanción. Entre otros puntos:

- Permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Este plazo podrá extenderse en casos de violación o si corre riesgo la vida o salud integral de la mujer o persona gestante. En la media sanción establecía las 12 semanas.

- No se habla sólo de mujeres con derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley describe como sujeto de derecho al aborto a "toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar".

- La cobertura de la práctica, en tanto, deberá ser "integral y gratuita" en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado).

- No se requerirá autorización judicial y deberá realizarse "en un plazo máximo de 5 días corridos desde su requerimiento".

En cuanto a la despenalización, el proyecto indica que "No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional".

Además añade que "la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare en ningún caso será penada".

- No incluye la objeción de conciencia, ya que entiende a la interrupción legal del embarazo como un derecho.

Este fue un punto clave para destrabar la discusión legislativa ya que muchos legisladores votaron a favor de la propuesta una vez que se incluyó la posibilidad de objeción de conciencia de los profesionales. De todas maneras prohibía la objeción de conciencia institucional, algo que reclamaban más de una decena de clínicas, hospitales y sanatorios de la ciudad de Buenos Aires y de varias provincias.

Allí se establecía: "El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización. El/la profesional mencionado/a en el párrafo anterior sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. (…) Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario".

Fuentes oficialistas consultadas por este medio indicaron que para poder avanzar, con la composición actual del Congreso, será necesario reintroducir el concepto de objeción de conciencia.

- Establece una pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena "la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, como resultado de esta conducta se hubiera generado perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante. Si como consecuencia de esa conducta resultara la muerte de la mujer o persona gestante, la pena se elevará a cinco años de prisión".

- Exige la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y asegura que "el contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía".

También insta a garantizar a la persona que demanda el aborto "información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión" de los mismos.

El texto que obtuvo media sanción en Diputados reducía las penas establecidas en el artículo 88 del Código Penal para estos casos: de la prisión de entre uno a cuatro años se pasó a un período de tres meses a un año. En el texto que se presentará el martes este artículo fue quitado y se mantienen las penas para los o las profesionales de salud que realicen la intervención sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, eliminando también castigo para aquellos que actuaran con el debido acuerdo de quien requiriera la intervención.