Días después de los incidentes que se produjeron en el Congreso y en medio de la polémica por el intento oficial de que los cuatro extranjeros detenidos sean deportados “lo antes posible”, el Gobierno analiza opciones para que se concrete una reforma migratoria integral. Así, mientras el decreto 70/2017 que firmó Mauricio Macri (suspendido en la Justicia) endurece los controles en frontera y prohíbe el ingreso de personas con antecedentes penales, el Gobierno busca que el año próximo se debata el tema en el Congreso.
Fuentes oficiales confiaron que el Gobierno buscará trabajar en un proyecto en conjunto con la oposición para reunir consenso. El ministro del Interior Rogelio Frigerio y las espadas de Emilio Monzó en la Cámara de Diputados sostienen por lo bajo que hay un sector del peronismo que ve con buenos ojos una iniciativa en ese sentido. Algunos, como el jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, han hecho público en reiteradas ocasiones el pedido para que la Argentina cambie su política migratoria y endurezca los controles.
Frigerio y Pichetto dialogaron por este tema, pero el Gobierno cree que recién “podría darse en 2019”. “Hoy estamos dedicados al Presupuesto, no tenemos margen para hacerlo. Pero sería bueno que el año próximo sea tratado”, indicaron.
La intención del Gobierno está reflejada también en un documento interno que el director de Migraciones, Horacio García, le giró a Frigerio, su jefe directo; en el que se alerta que “los instrumentos legales que posee la Argentina resultan insuficientes para dar respuesta a la demanda de justicia que pide la sociedad” y pide “modificar las normas que marquen la definitiva agilización de los procesos de expulsión de los extranjeros que infrinjan la ley”.
El informe fue confeccionado por Migraciones a partir de los disturbios que se suscitaron durante el debate por el Presupuesto frente a la Plaza de los Dos Congresos, donde fueron detenidos dos ciudadanos venezolanos, y un turco y un paraguayo. El episodio motivó que el Gobierno, a través de Frigerio y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuviera una reacción rápida y saliera a pedir que los extranjeros “sean deportados lo antes posible”.
Pero el Gobierno sabe que, para que eso ocurra y se pueda iniciar el proceso formal de deportación, primero la Justicia debe condenar a los extranjeros (que no tienen antecedentes) por algún delito. Por ese motivo, para apurar el trámite de la causa, que en este tipo de casos (se los acusa de atentado y resistencia a la autoridad y por lesiones leves) demora en promedio seis meses para ser elevado a juicio, el ministro del Interior propuso “un juicio abreviado”, herramienta que en la Ciudad también requiere el aval de los imputados, algo que asoma poco probable. Más si las pruebas que recolectó la Policía de la Ciudad -y analiza la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15 porteña- no resultan contundentes. Además, tanto el turco, que está casado con una argentina; y el paraguayo, que tiene un hijo argentino, tienen chances remotas de ser deportados.
Además, como la aplicación del decreto 70/2017 está frenada por un fallo de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el proceso de expulsión de extranjeros que establece la ley 25.871 contempla instancias de apelación que en el Gobierno consideran excesivas ya que, en algunos casos, pueden demorar el trámite hasta ocho años.
Aunque espera un fallo de la Corte Suprema que declare la constitucionalidad del DNU, en el Gobierno creen que la solución es el debate de un proyecto de ley integral, que contenga lo expuesto en ese decreto y, de paso, que vaya más a fondo en otros temas, como el pedido de reciprocidad con otros países, una iniciativa que el año pasado planteó el diputado radical Luis Petri, vicepresidente Segundo de la Cámara y referente del interbloque de Cambiemos en materia de seguridad y migraciones.
El documento de Migraciones se expresa en esa misma línea: “Necesitamos un nuevo marco legal para ser más expeditivos con los que delinquen, conforme lo solicita la sociedad. Es el Congreso el lugar para que se plasmen las dichas reformas”, indica.
La medida, por lo pronto, resulta más un golpe de efecto del Gobierno que una solución concreta a una necesidad de la sociedad: los extranjeros representan apenas el 6 por ciento de la población carcelaria.
De todos modos, como resaltó Frigerio en la conferencia de prensa que brindó el jueves junto a Bullrich, desde que asumió Macri la cifra de extranjeros deportados creció exponencialmente: en lo que va de 2018 hubo 520 expulsiones, la cifra más alta de los últimos 15 años; sobre un total de 1.332 deportados en los tres años de mandato M. En los doce años de gestión K, fueron 2.682 los extranjeros echados.
Fuente: Clarín.