Con viento de cola, el oficialismo volverá este jueves al recinto del Senado con el objetivo de aprobar la reforma a la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En la sesión, que comenzará a las 11, también está previsto tratar el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
El viernes a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.
Acuerdo Mercosur-UE
El acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea iba a tratarse en la sesión del viernes de la Cámara alta, junto al régimen penal juvenil y el proyecto de reforma laboral, pero el Gobierno ordenó adelantar los tiempos.
La decisión de la Casa Rosada obedece al hecho de que el Parlamento de Uruguay aceleró el proceso de ratificación del convenio comercial y podría aprobarlo en las próximas horas.
El Gobierno de Javier Milei quiere ser el primero en dar el visto bueno al tratado porque intuye que si se convierte en el primer socio comercial podría acceder a ventajas y beneficios diferenciales con respecto a otros países de la región que compiten por los mismos mercados de bienes.
Los votos para aprobarlo están asegurados y se estima que el interbloque peronista que conduce José Mayans votará dividido como ocurrió la semana anterior en la Cámara de Diputados.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que se aprobó este martes en la Cámara de Diputados se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.
El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.
Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas, y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europea.
Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.
El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 700 millones de consumidores, que representa el 20% del PBI mundial.
La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.
Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.
Reforma a la Ley de Glaciares
El oficialismo va confiado a dar el debate en el recinto sobre la reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, pero a última hora el radicalismo puso sobre la mesa un proyecto alternativo de los senadores de la UCR que no le da tanto poder a las provincias en la determinación de las zonas protegidas.
Las negociaciones son intensas y buscan encaminar una solución para que no frustrar la aprobación de la iniciativa (en la versión que sea) en la sesión de este jueves.
La aprobación de este proyecto es un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una ley más dinámica y menos rígida que la que está vigente para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
En el peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, podrían haber fugas ya que es incierta la postura que podrían tomar ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), por tomar algunos ejemplos.
Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como el alternativo de la UCR busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
Justamente el proyecto del Gobierno introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.
Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.
En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.
La principal diferencia entre el proyecto del Gobierno y el de la UCR es que el primero le transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger (por constituir reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico) y cuáles no, y están facultadas para proponer modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares (previo informe de evaluación ambiental); mientras que la iniciativa de la UCR le da poder total al IANIGLA.
La postura del Gobierno a favor de darle facultades de control y regulación a las provincias de los minerales y hidrocarburíferos se funda en el artículo 124 de la Constitución Nacional incorporada en la reforma de 1994 que le reconoce el dominio originario a las jurisdicciones de los recursos naturales debajo del suelo.
Si la iniciativa es defendida enérgicamente por las provincias mineras e hidrocarburíferas de la cordillera, con la misma intensidad concita rechazos acérrimos de parte de asambleas ambientalistas y también de la Iglesia, que hizo saber su descontento con el avance del proyecto a través de una carta de la Comisión Episcopal Argentina.
Los sectores que cierran filas en contra del proyecto alertan que la protección de glaciares y zonas periglaciares, pilares estratégicos para la provisión de agua dulce para el consumo humano, la agricultura sustentable y la biodiversidad, no debe ser negociada frente a intereses corporativos sectoriales de corto plazo.
Estas organizaciones movilizadas en todo el país denuncian que la reforma a la Ley de Glaciares es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú al cual Argentina adhirió; y defienden la actual norma porque establece un piso de protección de esos ecosistemas particulares.
