Argentina recibirá la primera misión de fiscalización y control del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre julio y agosto de este año, situación que luego se repetirá cada trimestre durante los 12 años que dure el Facilidades Extendidas Reloaded que terminó de negociarse ayer al mediodía entre el Ministerio de Economía y los técnicos del organismo. Según los tiempos que manejan Martín Guzmán y los negociadores del Fondo, la norteamericana Julie Kozack y el venezolano Luis Cubeddu, para fines de marzo el acuerdo habrá pasado por el Congreso Nacional.
La directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el responsable del caso argentino cerraron ayer su trabajo de discusión de variables y metas financieras, monetarias y económicas, al plantearle a su jefe Ilan Goldfajn el texto definitivo de la Carta de Intención que, previa traducción oficial, el director gerente para el Hemisferio Occidental rubricó para dar vía libre al Gobierno argentino para que se tome la estrategia política que decida para presentar en sociedad el acuerdo. El brasileño esperará ahora a que el proyecto de ley culmine, se supone, con final feliz su trayectoria por la Cámara de Diputados y el Senado argentinos, para una vez que sea aprobado, pueda ser derivado al board del organismo para su aprobación final.
Esto demandará unas semanas, donde se mirará constantemente el reloj diario de un cronograma que culmina el 22 de marzo, día en que el país debe liquidar un total de u$s4.800 millones al FMI. Ahora, en realidad, el tiempo no apremia ya que las partes entienden que lo mejor es llegar a tiempo para esa fecha. Pero que, si eso no sucediera y el proceso de cierre del Facilidades Extendidas estuviera en marcha, unos días de retraso en el final de la historia de las negociaciones no provocaría mayores turbulencias. Siempre y cuando, claro, el acuerdo se apruebe.
La presentación del convenio la hizo ayer Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, donde anunció al hablar del capítulo endeudamiento externo que “ahora el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el staff del FMI para llevar adelante un programa que nos permita refinanciar la deuda con ese organismo que nos dejó el Gobierno anterior y al cual nos opusimos en su oportunidad”.
Dijo además: “El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el Gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y mucho menos en las condiciones que ya describí. Pero esto es lo que sucedió y trabajé desde el primer día de mi presidencia para encontrar una solución. Con el entendimiento que logramos, podemos ordenar el presente y construir un futuro. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos y argentinas”.
El cronograma que enfrentará ahora la Argentina es el siguiente. El acuerdo general con el FMI será a 12 años y medio. Los primeros dos años serán para que el organismo se haga cargo del autopago de los u$s44.700 millones correspondientes al Stand By firmado en 2018, comenzando por el trimestre posterior a la firma del tratado. Si, como se supone, este fuera aprobado por el Board y dado a conocer en abril de este año, la primera liquidación propia del FMI se concretaría en el segundo trimestre del año, con el segundo vencimiento de junio por unos u$s4.080 millones.
Luego habría dos pagos similares en septiembre y diciembre, y otros cuatro durante el 2022 y un cronograma que terminaría de cerrarse en 2024. A partir de ese momento comenzaría a operar el Facilidades Extendidas Reloaded de refinanciación del Stand By del 2018; con un primer vencimiento en el segundo semestre de 2026.
La intención de Guzmán es que figure el compromiso explícito del FMI de que, si el país cumple con las metas fijadas entre este año y el primer semestre de 2026, el dinero a liquidar en septiembre de ese año (primer pago) se prorrogue hasta el final del mandado. En lo posible, con una reducción de la tasa de interés que se le cobre al país, que en el acuerdo que se presentará en sociedad esta semana no bajará del 4,05% anual. Se supone que si el país se transforma en un cumplidor del Facilidades Extendidas en sus inspecciones trimestrales por parte del FMI, el organismo debería definir al país como acreedor confiable (y no paria como hoy), y aplicar una nueva tasa de 1,05%. O la que rija para ese momento.
Con el panorama del Facilidades Extendidas Reloaded que presentará el Gobierno, hasta 2026 la situación de pagos hacia el FMI será controlada y medida sólo a los aportes habituales al organismo y liquidaciones de intereses. La situación comenzará a complicarse entre el segundo semestre de 2026 y 2034, los siete años y medio que durará el acuerdo. En total serán 12 cuotas iguales, con liquidaciones semestrales; la primera en septiembre de 2024 y la última en diciembre de 2034. Mientras tanto, y contabilizando desde julio de este año (si se firma en abril), deberían comenzar las revisiones trimestrales del FMI, que se repetirían en cada trimestre, lo que acumularía un total de 48 misiones del organismo financiero internacional, en las que se revisaría la evolución de las principales variables de la economía local.
Un Facilidades Extendidas exige aceptar las misiones; otorgándole a los enviados de Washington la obligación de controlar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí se definan los pasos a seguir. En una primera misión con variables no cumplidas, podría haber correctivos simples y la promesa de revisar el rojo en la próxima misión trimestral. Si el desequilibrio continuara durante un semestre, se debería requerir un waiver al Fondo, lo que habitualmente se otorga, siempre que no haya una distancia profunda entre la meta fijada y el número o porcentaje final logrado. En general desde Washington estos permisos se otorgan sin mayores problemas. Más si se dan en medio de crisis financieras y económicas internacionales. Pero debe haber siempre la certeza en los enviados del FMI de que el país está en el sendero de corrección del desequilibrio.
Cada misión trimestral que visite Buenos Aires, se reuniría además con los principales funcionarios económicos del país, que deberían desplegar los números locales y explicare detenidamente la marcha la economía argentina. Y, los enviados del FMI tendrán el poder de consultar y repreguntar, y eventualmente de cuestionar y discutir los datos que se les muestren. Y de regreso en Washington, podrán criticar y recomendar cambios de políticas. Así, los fiscalizadores del Fondo podrán tomar examen semipermanente a los funcionarios locales del ministerio de Economía y de otras carteras, además del Banco Central.
La intención de los negociadores locales era que ese requerimiento de las misiones trimestrales se modifique, y que se extiendan a un ritmo semestral. O anual. El argumento es que como se trata de un Facilidades Extendidas inédito, también las fiscalizaciones deberían ser inéditas y con mayor espacio de tiempo. Además, y como mejor opción, se pidió que las inspecciones se suspendan durante el tiempo de gracia que tendría el país para pagar las primeras cuotas, que, en los términos que está negociando Guzmán, comenzarían a liquidarse tres años después de firmado el tratado. Si como suponen en Buenos Aires, la firma fuera para marzo o abril, la primera inspección impuesta por el artículo IV debería concretarse en 2025.
