En horas de la noche, la Policía de Misiones desplegó un amplio operativo de seguridad en forma simultánea en los 79 municipios de la provincia, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y garantizar el orden público en zonas urbanas y rurales.
Los dispositivos incluyeron recorridas, controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes estratégicos en barrios, avenidas y rutas provinciales, sumando efectivos de distintas dependencias y divisiones especiales. El despliegue se realizó de manera coordinada con móviles, motocicletas y puestos fijos de control en accesos a localidades.
Además de los procedimientos preventivos, se trabajó en la detección de infracciones viales y en la identificación de personas con antecedentes judiciales. De esta manera, se refuerza la presencia policial en todo el territorio misionero, apuntando a la seguridad de los vecinos y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana.
Con una movilización en simultáneo, la oposición buscará revertir el rechazo del Presidente a los aumentos en las partidas de las casas de estudio y el reclamo del Garrahan. También tratarán la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo y la reforma de la Ley de DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado.
La Cámara de Diputados realizará una sesión especial en el Honorable Congreso de la Nación para tratar de revertir los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la declaración de emergencia pediátrica desde las 13. En simultáneo, se llevará a cabo una movilización.
La convocatoria fue firmada por 31 diputados de cuatro bloques distintos (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica). La oposición necesita de dos tercios en el recinto, lo que equivale a un mínimo de 172 votos a favor, y, de alcanzarlo, las propuestas deberán votarse en el Senado. Mientras que, los rechazos podrían ser 86 para mantener la decisión del Ejecutivo.
Uno de los vetos que se tratará es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan y la recomposición del sistema de residencias médicas. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.
Además, está el veto al proyecto impulsado por rectores, es decir, la Ley de Financiamiento Universitario. Buscan tener fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, entre otras cosas. Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.
Pero habrá más temas a tratar y se espera que sesionen hasta pasada la medianoche. También debatirán sobre la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo y la reforma de la Ley del DNU, la cual tiene media sanción del Senado.
Entre otras cosas, tratarán la declaración de Emergencia de Ciencia, la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la implementación de un Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Niñez y Adolescencia.
Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales realizarán este miércoles la tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.
Partidos opositores, la CGT, las dos CTA y movimientos sociales nutrirán las columnas de manifestantes que se concentrarán desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos en momentos en que adentro del recinto de Diputados se estará sesionando para tratar ese tema.
"Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública. Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas", sostuvo la CGT en la previa.
Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores y diputado kirchnerista, Hugo Yasky, sostuvo: "Coincidimos y estamos juntos en la lucha, apoyando reclamos como el del Hospital Garrahan, que necesita recursos para seguir funcionando, y acompañando a los jubilados en defensa de sus derechos".
La sesión especial del Congreso está convocada a las 13, en una jornada en la que el Garrahan estará de paro desde las 7 hasta el jueves a la misma hora. Paralelamente, el sindicato del sector APyT convocó a una concentración, ese mismo día, a las 12:30hs., desde la puerta del hospital (Combate de los Pozos 1881) para marchar hacia el Congreso.
La marcha se definió después de que el presidente Javier Milei vetara, el jueves pasado, la ley que fijaba la actualización mensual por inflación de los sueldos y los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023.
Diputados buscará ahora insistir con el proyecto, como ya hizo en el caso de la ley de emergencia en discapacidad.
En tanto, la mayoría de los sectores que se manifestarán consideraron insuficiente el anuncio del mandatario quien, en su discurso en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, dijo que se le asignará 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, con un aumento del gasto en educación de un 8% por encima de la inflación y un incremento de fondos para salud de un 17%, también por arriba del costo de vida.
El candidato a diputado nacional y exmandatario misionero realizó un duro análisis de las medidas del Gobierno nacional. Afirmó que el veto al financiamiento universitario fue "apresurado" y advirtió que el electorado del interior castiga rápidamente las decisiones que afectan su economía cotidiana. "La gente entiende muy bien qué decisiones políticas impactan en su mesa", señaló en su paso por el streaming de Códigos, la política desde adentro.
El candidato a legislador nacional de la Renovación, Oscar Herrera Ahuad, realizó un análisis profundo sobre los resultados de las últimas elecciones en diferentes provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacando que no es posible leer los comicios de la misma manera en todo el país.
Según explicó, cada distrito presenta realidades distintas que obligan a mirar con atención los contextos locales antes de sacar conclusiones generales. Para él, el caso de Buenos Aires -la provincia- es un ejemplo concreto de cómo la nacionalización del voto puede generar un efecto distorsionado, ya que el distrito concentra casi el 40% del padrón y, por lo tanto, sus resultados adquieren un peso sobredimensionado en la escena política nacional.
Herrera Ahuad planteó que esa centralidad electoral de Buenos Aires contrasta con la situación de las provincias del interior, donde las prioridades y demandas ciudadanas son diferentes.
En CABA, señaló, gran parte de la población puede cubrir con recursos propios servicios como salud, educación o seguridad a través de propuestas privadas. Sin embargo, en provincias como Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe o Córdoba, esas posibilidades no existen y el Estado se convierte en un actor indispensable. “En el interior el Estado es el primer garante de derechos y de políticas públicas. Sin su presencia activa la vida cotidiana se vuelve mucho más difícil”, remarcó.
El candidato sostuvo que el electorado provincial bonaerense envió un mensaje contundente al Gobierno nacional. “La gente le está diciendo al Gobierno: necesitamos que nos atiendan, que miren hacia nuestras economías familiares, que entiendan nuestra realidad diaria”, afirmó. Diferenció de esta manera el voto porteño, que en un primer momento acompañó la política de ajuste y luego se mostró crítico, del voto en las provincias, mucho más vinculado con la microeconomía de todos los días y con el rol del Estado en la provisión de servicios básicos.
En este sentido, citó como ejemplo el caso de Misiones en el ballotage, donde Milei obtuvo un apoyo cercano al 60%, mientras que en las elecciones provinciales posteriores ese acompañamiento se redujo al 20%. Para Herrera Ahuad, esa diferencia es ilustrativa de cómo la ciudadanía reacciona con rapidez cuando percibe que determinadas medidas afectan de manera negativa la economía de las familias. “No hay que subestimar a la gente, porque entiende muy bien qué decisiones políticas impactan en su mesa y en sus bolsillos”, subrayó.
El exgobernador advirtió que, en paralelo al descontento con el Gobierno nacional, crece la preocupación de las pequeñas y medianas empresas y de las economías regionales, que ven cómo su situación se deteriora mientras los debates nacionales se concentran en otros temas. A su juicio, las interpretaciones simplistas sobre el voto y el respaldo electoral no alcanzan para explicar una realidad mucho más compleja que tiene que ver con producción, empleo y bienestar cotidiano.
Financiamiento universitario y veto presidencial
Uno de los ejes centrales de la entrevista con Códigos fue la cuestión educativa. Herrera Ahuad fue muy crítico con el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, una medida que consideró apresurada y sin discusión política de fondo. Según describió, las universidades no estaban reclamando privilegios, sino recursos indispensables para garantizar su funcionamiento básico: desde los salarios de los docentes y no docentes hasta el mantenimiento de los laboratorios y la continuidad de proyectos de investigación. “Hoy esos fondos no existen, y eso pone en riesgo la calidad y el futuro de nuestra universidad pública”, advirtió con preocupación.
El dirigente se mostró confiado en que el Congreso logrará revertir el veto, como ya sucedió en el Senado. Recordó que el sistema universitario argentino es un orgullo histórico y que él mismo se formó en una institución estatal. Además, agregó una referencia personal: su hija está a punto de graduarse como médica en la Universidad de Buenos Aires, lo que refuerza aún más su compromiso. “Imagínese si no voy a estar comprometido con la universidad pública, cuando mi vida profesional y la de mi familia están directamente atravesadas por ella”, expresó.
Sobre las masivas marchas en defensa de la educación superior, Herrera Ahuad explicó que no suele participar de manera directa para evitar interpretaciones partidarias, pero aclaró que su respaldo es “contundente y absoluto”. Insistió en que la defensa del financiamiento universitario no tiene banderas políticas y atraviesa a toda la sociedad argentina. “Cuando hablamos de universidades, hablamos de oportunidades para miles de jóvenes, de ascenso social, de desarrollo científico y tecnológico. No es un tema sectorial, es un tema que involucra a todo el país”, remarcó.
El candidato consideró que el debate educativo sintetiza la discusión de fondo sobre el rol del Estado. Mientras algunos sectores defienden una reducción drástica de la presencia estatal, en provincias como Misiones se percibe con claridad que sin recursos nacionales muchas instituciones simplemente no pueden funcionar. “El Estado debe garantizar igualdad de oportunidades, y la universidad pública es una de las herramientas más potentes que tenemos para lograrlo”, concluyó.
Las economías regionales y Misiones
En materia económica, Herrera Ahuad fue categórico al afirmar que las políticas nacionales actuales perjudican de manera directa a las economías regionales y, en particular, a la de Misiones. “No puedo elogiar una política económica nacional cuando veo que nuestras economías locales están siendo devastadas”, lanzó con dureza. Enumeró sectores clave de la provincia como la yerba mate, la forestoindustria, el té y las pequeñas y medianas empresas, todos ellos golpeados por medidas que, según denunció, fueron diseñadas sin tener en cuenta sus particularidades.
Una de sus críticas más fuertes fue contra la desregulación de los mercados sin mecanismos de compensación adecuados. Aclaró que algunos cultivos, como la soja, el maíz o el trigo, cuentan con beneficios diferenciales que los sostienen, mientras que los productores misioneros quedan librados a la lógica del mercado en condiciones desventajosas. Como ejemplo, citó el caso de la yerba mate: mientras que el precio justo de la hoja verde debería rondar los 700 pesos por kilo, en la actualidad los productores reciben menos de 200. “El libre mercado sin reglas nos deja indefensos frente a las grandes industrias que imponen condiciones”, enfatizó.
El exgobernador también cuestionó con dureza los impuestos a los combustibles, que encarecen de manera significativa los costos de producción en provincias que, como Misiones, no cuentan con gas natural. “Cada litro de combustible tiene un 12% de recargo destinado a rutas que nunca se hacen. ¿Dónde va ese dinero?”, se preguntó. Según explicó, este tipo de cargas terminan afectando de manera desproporcionada a las economías regionales, que no reciben a cambio las obras prometidas.
Otro de los puntos que mencionó fue la falta de seriedad en algunos procesos de auditoría nacional, como los vinculados a las pensiones por discapacidad. Aclaró que no se opone a que se realicen controles, pero reclamó que se hagan de manera correcta y en coordinación con los sistemas provinciales de salud. “Si se hacen mal, no solo no se detectan irregularidades, sino que se genera sufrimiento innecesario para las familias que dependen de esos beneficios”, sostuvo.
Para Herrera Ahuad, la combinación de desregulación, presión impositiva y falta de inversión nacional en infraestructura coloca a Misiones y a muchas provincias del norte en una situación de clara desventaja. Por eso insistió en que su objetivo como legislador será instalar en el Congreso el debate sobre las economías regionales, un tema que, a su juicio, está completamente ausente en la agenda nacional actual.
Perspectivas políticas hacia octubre
Al ser consultado sobre la posibilidad de que Axel Kicillof se convierta en un referente opositor, Herrera Ahuad prefirió mantener la prudencia. “Es muy prematuro hablar de nombres propios. La tendencia de las elecciones del 26 de octubre no la van a marcar los liderazgos individuales, sino la economía y la situación real de la gente”, señaló. Para él, ese comicio representará una bisagra en la política argentina, que definirá si el Gobierno nacional sale fortalecido o, por el contrario, debilitado de cara al futuro inmediato.
El candidato advirtió también que la macroeconomía argentina se encuentra excesivamente supeditada a los resultados electorales, lo que genera un clima de incertidumbre y riesgo en los mercados. Como ejemplo, recordó lo ocurrido recientemente en Corrientes, donde se registró una mini corrida cambiaria vinculada a la expectativa de los comicios locales. “El país está en una situación frágil y cualquier movimiento político tiene un impacto económico inmediato”, alertó.
En relación a su propia candidatura, explicó que su intención es representar a Misiones en el Congreso para llevar allí las discusiones que realmente interesan a la gente de su provincia. Aseguró que hoy los debates legislativos giran alrededor de temas impuestos por el Ejecutivo nacional, mientras que cuestiones como la situación de los productores, las pymes y las economías regionales no logran instalarse en la agenda. “Mi responsabilidad es dar voz a esas demandas y lograr que sean escuchadas en el Parlamento”, remarcó.
El vínculo con la gente y su candidatura
En el tramo final de la entrevista, Herrera Ahuad habló sobre la campaña electoral, el desgaste personal y su relación con la ciudadanía. Reconoció que los tiempos políticos son intensos y exigen un esfuerzo permanente, pero afirmó sentirse en uno de los mejores momentos de su vida. “Disfruto hacer campaña, caminar las calles, hablar con la gente. Para mí no es una obligación, es algo que me gusta y que me da energía”, comentó con entusiasmo.
Al mismo tiempo, describió con crudeza la angustia que atraviesan muchas familias frente al ajuste económico. “La gente está sin plata para llegar a fin de mes. Eso genera tristeza, preocupación y también mal humor, porque el día a día se hace cuesta arriba”, señaló. Recordó que durante su gestión como gobernador compartió con los intendentes momentos sumamente difíciles, como la pandemia, y resaltó que en esas circunstancias siempre procuró estar cerca de los vecinos para acompañarlos.
El exgobernador sostuvo que el Estado debe ser un actor presente no solo en cuestiones esenciales como la salud, la educación o la obra pública, sino también en los aspectos más sencillos de la vida cotidiana que hacen a la alegría y el bienestar de la gente. “El Estado debe estar en todo aquello que le dé felicidad al pueblo, no puede desentenderse de eso”, afirmó.
Herrera cerró su mensaje de campaña subrayando que la política no se reduce a administrar números o recursos, sino a estar cerca de la gente y de sus necesidades concretas. “El Estado no solo debe garantizar lo esencial, también debe ser parte de la felicidad de la gente. Y esa es la visión que quiero llevar al Congreso”, concluyó.
La jornada de este miércoles se perfila como la más estable de la semana en Misiones. El cielo permanecerá mayormente despejado y las temperaturas seguirán en ascenso, con un ambiente templado por la mañana y caluroso durante la tarde.
Las máximas oscilarán entre los 27 °C y 32 °C, con picos de 32 °C en Puerto Iguazú y una sensación térmica de hasta 34 °C. La mínima más baja se registraría en San Vicente, con 14 °C.
No se esperan precipitaciones en la provincia y la probabilidad de lluvias se mantiene en un rango de entre 0 y 10 %.
En cuanto a los vientos, predominarán del noreste y sureste, con velocidades de entre 3 y 13 km/h. No se descartan ráfagas aisladas que podrían ubicarse entre los 15 y 40 km/h.
La calidad del aire se mantiene en niveles regulares.
Una ley de Alberto Fernández favorece al laboratorio.
Un jubilado de Mendoza presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19.
El caso, que podría sentar precedente, se enfrenta a un escollo legal: la Ley 27.573, sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, que exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil.
La normativa, promulgada en octubre de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, habilitó al Gobierno a firmar contratos confidenciales con laboratorios internacionales, incluyendo cláusulas que impiden demandas directas por efectos secundarios. En su lugar, los damnificados deben acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, científicamente comprobados.
El demandante, que logró costear estudios médicos y asesoría legal, reclama una indemnización por:
Daño físico y moral
Gastos médicos (daño emergente)
Incapacidad permanente
Pérdida de oportunidades laborales y recreativas
Daño punitivo, como sanción ejemplar contra AstraZeneca
Según la presentación judicial, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar. A diferencia de otros afectados, el jubilado pudo financiar los peritajes exigidos por la ley, que coloca toda la carga probatoria sobre la víctima.
Además del reclamo económico, el caso busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podría abrir un debate sobre el derecho a la reparación integral en situaciones vinculadas a campañas de vacunación masiva.
En paralelo, casos similares se registran en otras jurisdicciones. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca, marcando un hito en la jurisprudencia europea. En Argentina, también se tramitan demandas por secuelas graves, como el síndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.
El laboratorio, por su parte, ha reconocido públicamente la existencia de efectos secundarios raros como la trombocitopenia trombótica inmune, aunque sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.
La causa del jubilado mendocino podría convertirse en un caso testigo, no solo por el monto reclamado, sino por el intento de abrir una vía judicial directa contra una farmacéutica amparada por legislación especial.
Cuatro ladrones tras las rejas en operativos desplegados en la provincia.
En el marco de diferentes procedimientos realizados en las últimas horas, la Policía de Misiones esclareció varios hechos delictivos y detuvo a cuatro delincuentes en distintos puntos de la provincia. Los implicados quedaron a disposición de la Justicia y se recuperaron objetos sustraídos a vecinos.
En Apóstoles, personal de la División Investigaciones detuvo a un hombre señalado como autor de un robo ocurrido en barrio San Pantaleón. El acusado fue sorprendido con un televisor Noblex de 43 pulgadas que había sido denunciado como sustraído, el cual fue secuestrado y entregado a la víctima.
En Puerto Rico, efectivos de la Comisaría de Ruiz de Montoya arrestaron a un ladrón de 27 años sobre quien pesaba un pedido de detención por un robo con arma blanca. El sospechoso fue ubicado en Colonia Villa Bucholz y trasladado a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Eldorado.
En San Pedro, la Policía demoró a un sujeto de 28 años acusado de ingresar al domicilio de un vecino en Terciados Paraíso y sustraer la suma de 1.700.000 pesos. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y derivó en la inmediata detención del sospechoso.
Finalmente, en Oberá, tras investigaciones en Villa Stemberg, se recuperaron una bicicleta y una amoladora robadas a una vecina y se detuvo a un delincuente de 21 años señalado como responsable del hecho. Los elementos fueron incautados y restituidos a la denunciante.
Durante un operativo de control de rutina realizado por guardaparques dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones en inmediaciones del Parque Provincial Piñalito, en San Pedro, se encontró rastros de caza furtiva y se logró destruir campamentos, cebaderos, trampas, sobrados e incluso alambrados perimetrales.
Los guardaparques de la Zona Centro de Misiones recorrieron durante tres días la propiedad de Nideport, antigua Forestal Belga, un área de alto valor ambiental que limita directamente con el Parque Provincial Piñalito y con Brasil.
Durante la recorrida por varios lotes de la propiedad, observaron actividad de caza ilegal proveniente desde el país vecino. La evidencia encontrada apuntaba a la acción de grupos organizados. La presión de caza furtiva desde Brasil es una problemática constante en la zona de frontera. En este caso, se toparon con estructuras instaladas que indicaban una actividad persistente y no hechos aislados.
Frente a esta situación, el procedimiento fue contundente. El equipo procedió al desarme y destrucción total de numerosos elementos utilizados para la caza ilegal; se demolieron campamentos utilizados como base de operaciones, cebaderos para atraer a la fauna, trampas y “sobrados”. También eliminaron los alambrados perimetrales irregulares que eran usados para encerrar caballos y colocar cajas de abejas para la producción de miel, actividades no autorizadas.
En el operativo también dieron con un grupo de cazadores furtivos que se movilizaban con perros y caballos, que al ser descubiertos, huyeron hacia Brasil, dejando un rifle de fuego calibre 22.
El arma secuestrada, de uso restringido y empleado para la caza de animales silvestres, fue puesto a disposición del Juzgado N°3 de San Pedro.
Sucedió esta tarde, cuando un niño de 4 años fue hallado por personal policial, deambulando solo y desorientado en el barrio Santa Rosa de San Pedro. Tras un rápido accionar, el menor fue entregado a su madre, quedando el caso bajo seguimiento de la Comisaría de la Mujer.
El hecho ocurrió este martes, cuando vecinos y transeúntes de la zona, alertaron sobre la presencia de un menor, caminando sin compañía por la vía pública. De inmediato, efectivos de la Comisaría Primera de San Pedro y personal de Policía Científica acudieron al lugar para resguardar al infante.
Luego de una serie de averiguaciones, los uniformados establecieron que el niño tenía domicilio en el barrio María Ana Mogas. Allí, al arribar junto al móvil policial, se entrevistaron con du madre de 31 años. La mujer manifestó que había salido a realizar compras y que no había notado la ausencia de su hijo.
Finalmente, tanto el niño como su progenitora fueron trasladados hasta la Comisaría de la Mujer para continuar con las diligencias correspondientes.
El mensaje oficial buscó resaltar la decisión del Gobierno de destinar un nivel de partidas por encima de la inflación. Sin embargo, la novedad tuvo gusto a poco en el sector, debido al bajo nivel de comparación.
Aunque en el Presupuesto 2026 que el gobierno nacional presentó al Congreso se estimó un aumento del 50% en las partidas de gastos de capital de la Administración Nacional, muy por encima de la inflación proyectada (10,1%), el gasto total representaría aproximadamente un 0,3% del PBI. Se trata de un nivel incluso más bajo que el de 2024, el año que el propio presidente Javier Milei definió como "el ajuste más grande de la historia.”
Desagregado, el componente más importante de esos gastos corresponde a transferencias de capital, que absorben el 49,7% del total y aumentan un 81,4%. Por su parte, la inversión real directa alcanza una suba de 26,1%, mientras que la inversión financiera asciende 41%, según las cifras plasmadas en el texto oficial. El total a gastar para el próximo año sería $3,286 billones, un incremento de 50,3%, respecto a 2025.
El titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, recibió con frialdad el anuncio. "No hay ningún aumento. Es el mismo porcentaje del 0,4% del PBI, igual que este año", contestó el empresario.
Menores recursos que en 2024
De hecho, según se desprende de los propios datos del Presupuesto, sería incluso menor. Con un PBI estimado en aproximadamente $1.033 billones para 2026, de acuerdo a lo que se infiere de los ingresos tributarios estimados para este año y el próximo, el gasto de capital equivaldría a 0,32% del Producto Interno Bruto, según cálculos de ASAP. Para 2025, el porcentaje sería aún más bajo: 0,25% del PBI.
Si esa estimación se cumple, implicaría que el envío de recursos fue menor que durante el primer año de gestión del Gobierno. De acuerdo a cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión pública el año pasado fue de $2,09 billones, lo que representó una disminución real del 75,1% interanual en la comparación con el último año de Alberto Fernández. Pasó de representar el 1,3% del Producto en 2023, a solo 0,4% en 2024.
