El Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud brinda asesoramiento a emprendedores y productores interesados en incorporar la marca “Hecho en Misiones” a sus artículos o prestaciones. Este sello distingue bienes y servicios elaborados dentro de la provincia y busca identificar su origen.
La certificación permite reconocer producciones locales y aportar visibilidad al trabajo de quienes desarrollan actividades económicas en el territorio misionero. Además, funciona como una referencia para consumidores que priorizan artículos elaborados en la provincia.
En este contexto, la cartera social ofrece orientación a quienes elaboran alimentos, artesanías u otros bienes para que puedan iniciar el trámite y cumplir con los requisitos necesarios para utilizar la marca.
Contar con esta identificación facilita la integración a un circuito de producción local y puede ampliar canales de venta. Las personas interesadas en obtener información o comenzar la gestión pueden acercarse al Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en Dávila 999, en Posadas, donde se brinda asesoramiento sobre el procedimiento.
La empresa constructora Silvana Ratti S.A. informó que decidió acogerse al concurso preventivo de acreedores, una herramienta legal prevista en la Ley 24.522, con el objetivo de reorganizar su situación financiera.
Desde la compañía explicaron que la medida apunta principalmente a reordenar compromisos con entidades financieras y fortalecer el flujo económico de la firma en un escenario complejo para el sector.
La empresa atribuyó la decisión al contexto macroeconómico nacional, marcado por la caída del consumo y la desaceleración de las ventas en el mercado inmobiliario, especialmente en ciudades del interior.
A pesar de la medida, señalaron que las obras actualmente en ejecución continúan desarrollándose con normalidad, ya que los proyectos están estructurados mediante fideicomisos que separan el patrimonio de cada desarrollo del de la empresa.
Desde la firma también indicaron que la situación no está vinculada con deudas con proveedores ni con la continuidad de los trabajos en marcha.
Además, remarcaron que las medidas destinadas a reactivar el mercado inmobiliario, como el blanqueo de capitales y el regreso del crédito hipotecario, no generaron el impacto esperado en la demanda.
Según explicaron, esta situación produjo un cambio en el comportamiento del mercado, donde muchos compradores optaron por adquirir unidades terminadas en lugar de invertir en proyectos en desarrollo, lo que afectó el modelo tradicional de financiamiento de los emprendimientos inmobiliarios.
En el marco de acciones orientadas a la inclusión, la formación y el acompañamiento social, la Municipalidad de Montecarlo llevó adelante un encuentro de proyectos vinculados a la automatización y la robótica.
La Dirección del Espacio Municipal de Abordaje y Prevención de Adicciones (EMAPA), en articulación con la Dirección de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Montecarlo y la Red Maker Montecarlo, son los encargados de llevar adelante la iniciativa.
El objetivo de esta propuesta es acercar herramientas tecnológicas y generar espacios de aprendizaje que permitan desarrollar habilidades, fomentar la creatividad y abrir nuevas oportunidades de formación y proyección laboral.
Durante la jornada se presentaron propuestas y experiencias relacionadas con el uso de la robótica, la programación y la construcción de prototipos, promoviendo el trabajo en equipo, la innovación y el interés por el desarrollo tecnológico. En este sentido, el Espacio Maker Montecarlo aportó su experiencia en educación tecnológica acercando a los participantes al mundo de la creación, la experimentación y el aprendizaje basado en proyectos.
Este tipo de iniciativas busca fortalecer los procesos de recuperación y reinserción social, brindando alternativas educativas y formativas que impulsen la construcción de proyectos de vida saludables, con nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal, remarcaron desde el municipio.
En la última semana, Guardaparques dependientes del Ministerio de Ecología y RNR llevaron adelante un amplio operativo de patrullaje y control en la zona centro de la provincia, dentro de sectores de la Reserva de Biosfera Yabotí y del Parque Provincial Esmeralda, con el objetivo de mitigar la presión de caza y pesca furtiva y detectar posibles ilícitos ambientales dentro de las Áreas Naturales Protegidas.
La patrulla estuvo encabezada por el Director de Áreas Naturales Protegidas, Fabio Malosh, junto al coordinador de la zona centro Mauro Espíndola, y contó con la participación de los jefes de parque Gabriel Ibarra (Parque Provincial Esmeralda), Edgardo Taron (Parque Provincial Cruce Caballero) y Diego Terra (Parque Provincial Piñalito), además de guardaparques de diferentes jurisdicciones, entre otros agentes pertenecientes al Grupo de Operaciones en Selva (GOS) de la zona centro.
El operativo movilizó tres vehículos terrestres tipo camioneta para la logística y cinco embarcaciones livianas tipo kayak, que permitieron recorrer zonas de difícil acceso. Durante las jornadas se realizaron más de 200 kilómetros de patrullaje por tierra, desde el sector de Piñal Seco hasta Puente López, además de 47 kilómetros de navegación sobre el arroyo Yabotí Guazú, curso de agua que constituye límite natural entre el Parque Provincial Esmeralda y la Reserva de Biosfera Yabotí, extendiéndose hasta el arroyo Pepirí Guazú, que marca el límite internacional con Brasil.
El despliegue permitió detectar y desarticular múltiples estructuras vinculadas a actividades ilegales dentro del área protegida. En total, se procedió a destruir ocho campamentos equipados para caza y pesca furtiva, donde se hallaron herramientas, machetes, motosierras, hachas, botes y piraguas utilizadas para ingresar al área. También se desmontaron 16 “sobrados” o puestos de espera para caza, cebaderos y trampas para fauna silvestre.
Durante el operativo se retiraron más de 1.500 metros de redes de pesca de distintas mallas, además de trampas destinadas a la captura de especies como la paca, y equipamiento utilizado para la aplicación de herbicidas en senderos o trillos dentro del monte.
Asimismo, se procedió a la destrucción de seis embarcaciones de madera tipo canoas utilizadas para actividades ilícitas y al secuestro de dos embarcaciones de fibra y un motor tipo rabeta de origen brasileño, utilizado para la navegación en los cursos de agua de la región.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención del personal interviniente fue la presencia de un artefacto explosivo tipo dinamita, elemento utilizado de manera ilegal para la pesca mediante detonaciones en pozones o remansos del arroyo, una práctica extremadamente destructiva para los ecosistemas acuáticos. Durante el procedimiento también se secuestraron cuatro armas de fuego tipo escopeta de alto calibre. Tanto las armas como el explosivo fueron puestos a disposición de la Policía de la jurisdicción correspondiente.
Los guardaparques señalaron que gran parte de las infracciones detectadas en esta zona suelen originarse a partir de incursiones ilegales provenientes del país vecino, debido a la cercanía con la frontera internacional marcada por el arroyo Pepirí Guazú. Toda actividad de caza y pesca furtiva dentro de las Áreas Naturales Protegidas de Misiones se encuentra estrictamente prohibida y penada por la legislación vigente, con agravantes cuando se realiza dentro de parques provinciales o reservas.
El desarrollo del operativo implicó un importante esfuerzo logístico y humano. Se trata de una región de acceso complejo, con caminos de tierra, pendientes pronunciadas y densa selva, donde muchas veces es necesario avanzar abriendo paso con herramientas manuales, utilizar machetes, motosierras, hachas y lingas para despejar senderos, además de vehículos 4x4 para el traslado de equipos y personal. Estas condiciones se vuelven aún más exigentes durante episodios de lluvias intensas, como las que se registraron durante parte del operativo.
El hecho ocurrió a las 23 horas del lunes, cuando efectivos de la Comisaría de Candelaria (Unidad Regional X) acudieron al barrio Santa Cecilia Nº 3 tras un llamado de vecinos que alertaban sobre un toro que había caído en un pozo ciego.
Al llegar al lugar, los uniformados constataron la situación y solicitaron la colaboración de Bomberos Voluntarios, quienes acudieron para asistir en las tareas de rescate.
Finalmente, alrededor de las 23:30, y con la ayuda de vecinos y bomberos, lograron retirar al animal del pozo, poniendo a salvo al bovino.
La Policía de Misiones investiga un presunto abuso sexual contra un hombre con discapacidad en Posadas, hecho por el cual dos hombres ya fueron detenidos mientras continúan las actuaciones para localizar a un tercer sospechoso.
El procedimiento se inició este martes 10 de marzo, luego de que una mujer se presentara en la Comisaría de la Mujer de Itambé Miní y denunciara que un hombre de 40 años habría sido víctima de abuso sexual por parte de tres personas, identificadas como “Matías”, “Maxi” y “Wana”.
Según consta en la denuncia, la víctima tiene una discapacidad mental y se habría mostrado reticente a dialogar sobre lo ocurrido, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.
Tras recibir la declaración testimonial, los efectivos avanzaron con las primeras tareas investigativas, que derivaron en la demora de dos de los presuntos implicados, quienes quedaron alojados en una dependencia policial de la Unidad Regional X, a disposición de la Justicia.
En paralelo, se dispuso que la víctima sea trasladada al Cuerpo Médico Forense para la realización de los exámenes correspondientes, con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho y confirmar la veracidad de la denuncia.
Mientras tanto, la Policía continúa con la búsqueda de un tercer sospechoso, en el marco de la investigación que busca esclarecer lo ocurrido.
El San Pablo de Brasil anunció este lunes la salida del entrenador argentino Hernán Crespo, poniendo fin a su segundo ciclo al frente del primer equipo tras una serie de resultados que no convencieron a la dirigencia.
La institución paulista confirmó que la desvinculación también alcanza a todo el cuerpo técnico que acompañaba al exdelantero de la Selección argentina. Junto a Crespo dejaron sus cargos los auxiliares Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.
Crespo había iniciado su segunda etapa en el club en julio de 2025. Desde entonces dirigió 46 partidos, con un balance de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas. La irregularidad en los resultados durante los últimos encuentros terminó acelerando la decisión de la dirigencia de interrumpir el proyecto deportivo y buscar un nuevo rumbo para el equipo.
Los números de Crespo en San Pablo
Si se contabilizan ambos ciclos en el club, el entrenador argentino dirigió 99 partidos oficiales al frente del conjunto paulista, con 45 triunfos, 26 empates y 28 derrotas.
Uno de los momentos más recordados de su primera etapa fue la conquista del Campeonato Paulista en 2021, un título que significó un logro importante para la institución en aquel momento.
Durante ese primer ciclo, además, hubo cuatro encuentros en los que Crespo no pudo dirigir por problemas de salud, por lo que fue reemplazado en el banco por su asistente Juan Branda.
Tras oficializar la salida a través de sus redes sociales, el club brasileño publicó un mensaje de agradecimiento para el entrenador y su equipo de trabajo, y les deseó éxitos en sus próximos desafíos profesionales.
El Gobierno nacional decidió mantener las reformas aplicadas al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y rechazó el reclamo presentado por representantes del sector de talleres que buscaban frenar los cambios. La decisión quedó oficializada en el Decreto 139/2026, publicado el 9 de marzo en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo.
El reclamo había sido presentado contra el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 24.449. La presentación fue impulsada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (CATRAI) junto con empresas y particulares del sector.
Entre los puntos más discutidos se encuentran las modificaciones en la frecuencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Con la nueva normativa, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años del patentamiento, en lugar de los tres que regían anteriormente.
Además, los autos con hasta diez años de antigüedad deberán someterse al control cada dos años, lo que representa una extensión en los intervalos de revisión.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida responde a la evolución tecnológica del parque automotor y a estudios que indican que la mayoría de los siniestros viales se vinculan con errores humanos y no con fallas mecánicas.
Otro punto central del conflicto fue la modificación del régimen de habilitación de talleres. La normativa establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres revisores ni fijar tarifas obligatorias, lo que apunta a generar mayor competencia dentro del sistema.
La CATRAI había cuestionado esta apertura, señalando que permitir la participación de concesionarias, importadores u otros talleres podría afectar la imparcialidad del control. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que la objetividad se garantiza mediante mecanismos de fiscalización del proceso y no restringiendo la actividad de los prestadores.
También quedó confirmada la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), medida presentada como parte de una simplificación administrativa.
Finalmente, el Poder Ejecutivo concluyó que los argumentos del reclamo no lograron modificar los fundamentos de la reforma y dispuso rechazar la presentación administrativa, dejando firmes los cambios implementados en el sistema de revisión técnica vehicular.
Una mujer fue demorada por la Policía tras un episodio de violencia familiar ocurrido en una vivienda de la capital provincial. En el lugar también fueron resguardados tres menores de edad, quienes posteriormente quedaron al cuidado de un familiar.
El hecho se registró cerca de las 23 horas del lunes, cuando efectivos de la Comisaría Sexta de la Unidad Regional I acudieron a un domicilio ubicado sobre calle Las Araucarias, tras un requerimiento por un conflicto de pareja.
En el lugar, los uniformados se entrevistaron con la suegra de la acusada, quien manifestó que su hijo, de 33 años, había mantenido una discusión con su pareja de 29. Según relató, durante el altercado la mujer se retiró de la vivienda, pero posteriormente regresó y comenzó a proferir insultos y a arrojar piedras contra el inmueble.
Ante la situación, y con el fin de evitar que el conflicto escalara, los efectivos procedieron a la demora de la acusada, quien fue trasladada a sede Policial. En el domicilio también se encontraban tres hijos menores de la mujer, de 12, 10 y 7 años, quienes fueron puestos a resguardo por la Policía.
Posteriormente, tras consultas con la Defensoría, se dispuso que los menores quedaran bajo guarda provisoria de su abuela, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.
La intervención se concretó durante la madrugada de este martes luego de que los implicados compartieran una "cena en pareja", y se retiraran de un local gastronómico del centro sin abonar una cuenta cercana a los 70 mil pesos.
El procedimiento se registró cerca de la 1:20 horas, cuando efectivos de la División Grupo de Acción Preventiva (GAP) detuvieron a Tomás B. (28), domiciliado en Córdoba Capital, y a María Priscila M. (36), con domicilio en Posadas.
Según las averiguaciones, horas antes, alrededor de las 20 horas, ambos habían concurrido a un restaurante ubicado sobre calle Colón y Bolívar, donde realizaron una consumición por un monto aproximado de 70 mil pesos. Posteriormente, aprovechando el movimiento del local y mezclándose entre otros comensales, se retiraron sin abonar la cuenta.
Tras la denuncia y el rápido despliegue policial en la zona, los efectivos lograron localizar y detener a los sospechosos, quienes quedaron alojados en sede policial a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por estafa.
