La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó locutorios para escuchas telefónicas online en la sede de la Policía Federal y se encamina a hacer lo mismo con la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) para intervenir solo en casos de narcotráfico y otros delitos graves. La medida sobre este tema, sensible por la historia negra del espionaje político en la democracia argentina, se conoce mientras el Gobierno decidió usar la lucha contra las drogas como una de las banderas de la campaña electoral de este año.
Las escuchas se hacían, hasta ahora, solo desde 28 boxes que funcionan en la sede de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco, ex OJOTA) ubicada en la Avenida de los Incas 3834.
Pero ante el incremento de las causas contra el narcotráfico, secuestros, desapariciones, prófugos y otros delitos graves, las fuerzas de seguridad pidieron tener boxes en sus propias sedes para poder intervenir en forma más rápida.
Actualmente, la Dajudeco mantiene unas 5.000 líneas telefónicas intervenidas por orden de jueces federales y provinciales. De éstas, "unas 300 necesitan de un escucha online por la gravedad de los casos", explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Cuando no hay urgencia, el equipo de la Dajudeco graba y luego manda los audios al juez, pero es distinto cuando se trata de un delito en que está en juego la vida de una persona u otro elemento de gravedad.
Además, como hasta ahora es muy difícil para los jueces de las provincias conseguir una intervención telefónica por los pocos recursos disponibles en el interior, la Dajudeco impulsa estos acuerdos con las fuerzas de seguridad federales. Entonces, con los locutorios de las fuerzas de seguridad “se federalizará esta herramienta para todos los jueces”, argumentaron.
El proceso comenzó con la instalación y funcionamiento de once boxes en el Departamento Central de la Policía Federal que “fue un éxito” y ahora se extenderá a las otras fuerzas cuando la Corte lo autorice.
La creación de los locutorios se hizo “siguiendo un estricto protocolo y siempre bajo la orden de un juez”, precisaron las fuentes judiciales. Por ejemplo, la Gendarmería pasó de intervenir en 600 a 1.000 casos de narcotráfico y sus investigadores necesitan “pinchar”, en promedio, 50 teléfonos por día.
La habilitación de un cable de fibra óptica desde la sede de la Avenida de los Incas hasta esos locutorios en el Departamento Central de la Policía Federal "se hizo bajo una serie de normas” y el control de la Dajudeco que supervisa el miembro de la cámara federal porteña, Martín Irurzun, y su secretario letrado y candidato a juez federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte. Los boxes son auditados por la Dajudeco semanalmente en forma presencial.
Sin embargo, la intervención de un teléfono debe ser “pedida por un juez, quien debe especificar a qué fuerza delega la tarea y el nombre de los efectivos que tendrán acceso a las escuchas en un estricto marco de confidencialidad”, entre otras medidas de seguridad. Además, para entrar a los boxes hay un control biométrico y registros de aquellos que estén autorizados a escuchar o desgrabar las cintas.
La Dajudeco es la dependencia creada por la Corte y que por decreto del presidente Mauricio Macri heredó las escuchas judiciales que históricamente habían estado en manos de los servicios de inteligencia en la llamada oficina OJOTA.
En distintas etapas desde que se restauró la democracia, la OJOTA fue usada para escuchar ilegalmente a opositores y periodistas críticos, entre otras personas.
Fuente: Clarín.
