En la Argentina, se comete un femicidio cada 33 horas. Frente a esta alarmante cifra, este viernes se presentará el proyecto de ley para declarar la emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio nacional.
A través de este proyecto, se busca disminuir el número de víctimas por violencia de género en el país, que en 2018 se cobró 259 vidas y en lo que va del 2019 se contabilizan 100 femicidios, según el relevamiento realizado por la ONG Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá).
En el estudio nacional, realizado por el observatorio de la organización a partir de publicaciones en medios gráficos y digitales entre el 1 de enero y el 20 de mayo, se precisa que se comete “un femicidio cada 33 horas”, estadística que ya dejó a unos “80 niños sin sus madres”.
Frente a esta alarmante situación, este viernes 24 de mayo se presentará en el Congreso Nacional el proyecto de ley “Declaración de la emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio nacional”.
El proyecto de ley consta de ocho artículos y como medidas prioritarias reclama la creación de centros de día y refugios “como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza”, ya sea para la mujer o sus hijos.
Además, intiman al Poder Ejecutivo a dotar de presupuesto necesario al Instituto Nacional de las Mujeres para implementar la Ley Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.
En ese marco, entre las acciones a realizar por el organismo, se establece la coordinación con los gobiernos provinciales y municipales, y la creación de un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas en coordinación con las fuerzas de seguridad.
También se solicita la creación del Programa de Independencia Económica y Habitacional para Mujeres Víctimas de Violencia, para garantizar una alternativa para ella y sus hijos; así como una asignación económica mensual para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia de género. Esta asignación sería equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y estaría a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El proyecto surgió de la “Campaña por la Emergencia Nacional Ya en Violencia contra las Mujeres”, que comenzó en enero de este año frente a las cifras crecientes de femicidios. Entre las organizaciones que firman el proyecto se encuentran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Barrios de Pie.
Al respecto, Natalia Molina, de la CTEP y de La Dignidad, miembro de la Junta Vecinal de la Villa 21-24 Zavaleta, expresó: "Las mujeres estamos en emergencia, con esta ley conquistaríamos algunos de nuestros derechos postergados y sumariamos a las cinco leyes de los Movimientos Populares. Porque sin Tierra, Techo y Trabajo no hay ni una menos".
La presentación será en el subsuelo del Anexo A del Congreso, donde las organizaciones de mujeres y movimientos sociales que encabezan el reclamo expondrán los argumentos. Mientras tanto, en la calle, se realizará una gran concentración con festival y feria popular. También habrá movilizaciones en todo el país.
Situación en Argentina
Según el relevamiento, en el 39% de los casos el femicida era pareja de la víctima, en el 25% una ex pareja, en el 17% un conocido, en el 11% un familiar y en el 7% un desconocido, mientras que el 1% restante "no presentó datos".
Con respecto a la "modalidad del femicidio", las armas blancas y las de fuego fueron elegidas en ambos casos en un 29%, seguidas por golpes (15%), asfixia (15%), quemadas (8%) y envenenadas, torturadas o con caídas de altura (4%).
"Nuestro domicilio sigue siendo el lugar más inseguro para nosotras, ya que un 46% de esos femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima", precisó MuMalá.
Las mujeres tenían en un 45% de los casos entre 19 y 40 años, mientras que el 13% de ellas había denunciado a su agresor y el 7% tenía restricción de contacto o perimetral. Además, un 11% de las víctimas tenía menos de 15 años, y un 8% estaba embarazada.
Con respecto al agresor, el 22% se suicidó, mientras que un 10% pertenecía a alguna fuerza de seguridad, completó MuMalá.
